20 may. 2015

"Olvidos" en la ley de transparencia

“Olvidos” en la ley de transparencia

La sede del INAI, al sur de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez
La sede del INAI, al sur de la Ciudad de México.
Foto: Octavio Gómez





MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 4 de mayo último se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que sustituye parcialmente a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El tema no es menor ni accesorio. La ley tiene claroscuros que no se han analizado suficientemente. De ahí la oportunidad y pertinencia de hacerlo. Veamos.
Primero. En la parte de fondo, el articulado de la LGTAIP puede calificarse como lo mejor de lo posible en la circunstancia política concreta. La ampliación de sujetos obligados –entre ellos partidos políticos y sindicatos–, el número de los rubros comunes a todos ellos –es decir, la información que debe ser puesta a disposición del público sin necesidad de solicitarla–, así como la adicional para otros, y un loable punto relativo al sector energético, rubrican mis palabras.
Pero se sacrificaron varios puntos en aras de lo anterior. En efecto, la LGTAIP, y previamente la reforma constitucional en la materia, dejaron fuera algunas importantes conquistas previas, entre ellas el principio de definitividad inapelable que en la ley de 2003 dejaba al IFAI el incremento de causales de clasificación. En la LGTAIP tampoco se pudo avanzar en los tiempos de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando el consejero jurídico impugne alguna resolución del ahora denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). No hay claridad sobre el tiempo que la SCJN tiene para cumplir su papel. Puede ser breve o puede durar años en perjuicio del derecho a saber.
Segundo. En lo que se refiere a la forma, adjetiva, en la LGTAIP se “olvidó” un asunto que más temprano que tarde tendrá un impacto negativo en el derecho a saber. En efecto, en la parte de transitorios no se incluyeron dos aspectos fundamentales. El primero consiste en que los bienes muebles e inmuebles, junto con el personal del IFAI, pasen a formar parte del INAI. En este tema el único asidero legal es el que reside en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, que a la letra dice: “Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social”. No hay, empero, nada que disponga de manera expresa que los recursos del IFAI y sus trabajadores serán parte del INAI. No existe una transición legal entre el IFAI –el órgano garante autónomo previsto en la Constitución– y el INAI.
Tercero. El segundo problema todavía más grave es que al legislador se le “olvidó” también incluir en los artículos transitorios de la LGTAIP que los comisionados nombrados por el Senado para integrar el Órgano Garante lo serán del INAI al que se refiere la mencionada ley. Esto, que pudiera parecer una minucia, en realidad es una omisión grave, a la luz de los siguientes razonamientos: a) La autoridad, en los términos del artículo 16 constitucional, debe fundar y motivar sus resoluciones. Si un particular en posesión de datos personales impugna una resolución porque los comisionados nombrados por el Senado no lo son del INAI –no expresamente ni en la Constitución ni en la ley–, y porque carecen de competencia, lo propio podría invocar el consejero jurídico de la presidencia al ser la ventanilla de los sujetos obligados para impugnar las resoluciones del INAI cuando lo haga en nombre y representación, por ejemplo, de un partido político o de un sindicato; b) En la doctrina hay dos posturas sobre este tema: una, la denominada “incompetencia de origen” (entendida como la falta de atribuciones de los comisionados del IFAI que no lo son del INAI) generará que se invaliden sus resoluciones. Hay, por otra parte, quienes sostienen que los actos de autoridad no pueden quedar sin efectos, pero se deja abierta la puerta para que los comisionados sean objeto de sanción al actuar como autoridad sin tener facultades expresas para ello, hecho derivado de su falta de nombramientos como comisionados del INAI.
En suma, este “olvido” deja en incertidumbre legal a los comisionados y a la sociedad. Estoy convencido de que este “olvido” no fue producto de la impericia de los legisladores y su equipo jurídico. Al contrario, fue debidamente planeado para cuando se necesite. De esta suerte, todo lo que se ha avanzado en la parte del fondo del derecho a saber podría tener escollos –es muy posible que los tendrá– en su ejercicio. Y será seguramente la SCJN la que termine por resolver el “descuido” legislativo, lo que llevará tiempo. Esto último provocará que la transparencia se convierta, por lo menos en el corto y mediano plazos, en una apariencia en los temas y asuntos que rebasen el umbral de apertura de los nuevos sujetos obligados.
Como de manera recurrente pasa, todo lo ganado se irá por la borda hasta que la SCJN o el Congreso decidan aprobar una reforma a la LGTAIP, pues no bastaría un acuerdo presidencial para enmendar este gravísimo “olvido”. En el 2003 pudo salvarse la autonomía legal del IFAI bajo la figura del acuerdo presidencial porque el órgano garante formaba parte de la Administración Pública Federal, pero hoy no es el caso.  
ernestovillanueva@hushmail.com

Criptocracia. Sonora: Padrés y Gándara, ejemplos financieros

Criptocracia. Sonora: Padrés y Gándara, ejemplos financieros

@evillanuevamxdom 17 may 2015 18:11
 
 Columna publicada originalmente en SDP.Noticias.com el 17 de mayo del2015

En Sonora las elecciones se han convertido en un intercambio de revelaciones, grabaciones y mil cosas más para ver quién desacredita peor al contrario. Claudia Pavlovich, la candidata del PRI, no las tiene todas consigo. Las filtraciones le han pegado en su línea de flotación rumbo a la gubernatura de Sonora. Sus detractores con una buena estrategia han magnificado sus errores y minimizado sus aciertos. Son, con todo, el día a día de la política que no construye sino destruye, que no propone, sino ataca. Un análisis más a fondo con documentos en mi poder me permite afirmar que el gobierno del panista Padrés y su socio Gándara han roto los umbrales de cómo hacer dinero mejorando los índices de calidad de vida, empezando por el de ellos. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar lo que afirmo.Veamos.
Primero. Para abrir boca, de acuerdo a las declaraciones patrimoniales de Guillermo Padrés, sus habilidades financieras serían tales que debería estar como director del Fondo Monetario Internacional. En el año 2006 Padrés declaró poseer un patrimonio de 2 millones 100 milpesos consistente en un Volkswagen, una casa de tres recámaras, sala comedor y un cuarto con televisión; cuentas de ahorro de libretón que no ascendían a los 600 mil pesos; electrodomésticos, entre otros muebles menores. Dos años más tarde en un verosímil incremento patrimonial declaró tener como senador de la República un patrimonio de 2 millones setecientos mil pesos. Con unas artes y habilidades financieras para el 20015 ya como gobernador de Sonora se convirtió en un próspero y hábil administrador de su modesta fortuna, que sería la envidia de los principales bancos de The Wall Street, en Nueva York, porque su declaración patrimonial tuvo nada más y nada menos que un incremento del 9 mil por ciento; es decir, pasó de 2.7 a 261 millones de pesos. Y esto sólo es lo que se ha hecho público, otros bienes los ha acumulado en la compra de caballos pura sangre y cuarto de milla que forman parte de los más caros del mundo. Acaso la clave reside en la prestigiada Universidad Humanitas Colegio Superior de Ciencias Jurídicas A.C. donde con tesón y esfuerzo culminó la carrera de derecho, pero le queda pendiente titularse y obtener su cédula profesional como abogado. Esta Universidad Humanitas ha sido el secreto del éxito financiero mejor escondido del mundo. El MBA de Harvard y de muchas otras universidades del mundo como el MIT, Oxford no tardan en hacer fichajes de algunas de las expresiones académicas de la Universidad Humanitas para conocer los secretos del arte de hacer dinero.
Segundo. Bajo el nombre de la empresa www.theburnsranch.com Padrés ha triangulado para comprar los caballos que aquí he mencionado. En la subasta 2012 (http://speedhorse.com/ruidoso-select-yearling-sale-2/#&panel1-1) se puede verificar el gusto del gobernador Padrés para comprar caballos en subastas de alto standing de Estados Unidos. En el 2013 (http://www.robinglenn.com/wp-content/uploads/2014/07/RUI14SEL-CONS.pdf) las compras siguieron en un significativo ascenso como se puede observar también en el 2015 (http://static1.squarespace.com/static/526ea715e4b0e93bbdee1f56/t/53519680e4b06683006083d3/1397855872252/2015triplecrown0315.pdf) El gobernador Padrés ha sido cuidadoso en abrir las puertas de su amplísimo rancho y de sus inversiones en caballos. Dos drones de las instancias de seguridad nacional de Estados Unidos (valga decir que la seguridad nacional de México es una caricatura malformada de la habida en Estados Unidos, en Israel o en Alemania por citar algunos ejemplos y su capacidad tecnológica es de risa) pudieron fotografiar las propiedades de Padrés donde sus caballos están en las mejores condiciones posibles. Faltaba más. Las fotografías demuestran la responsabilidad de Padrés y su compromiso con la ecología y el desarrollo sustentable. Tan es así que hasta aire acondicionado tienen estos caballos para que puedan vivir mejor.http://www.mediafire.com/download/vs7qsmwynmmb2to/Rancho_San_Pedro.zip) (http://www.mediafire.com/download/aananc21cbvgraz/Familia_Padres_Elias.zip) Javier Gándara Magaña, también sin estudios profesionales concluidos y, por supuesto, sin cédula profesional alguna ha hecho una hermandad con Padrés política y económica bajo sorprendentes habilidades financieras.

Tercero. A diferencia de un ciudadano de a pie Javier Gándara Magaña debía al Sistema de Administración Tributaria 14 millones, 108 mil, 348 pesos quien por con una gran inteligencia de derecho fiscal logró la condonación del SAT al 100 por ciento debiendo pagar la cantidad de 0 pesos. La empresa Padrés Internacional S.A. de C.V., por su parte, debía al fisco 12 millones, 750 mil con 403 pesos y tuvo una condonación casi del 100 por ciento al pagar el crédito fincado por la simbólica cantidad de 11 mil 240 pesos. Y así seencuentran 39 empresas más ligadas a la dupla Padrés-Gándara, que se preparan para mostrar a propios y extraños que el talento financiero sonorense de exportación se encuentra al máximo nivel. Por supuesto, no tengo la menor duda de que Padrés-Gándara tienen un gran compromiso con Sonora, pero empezaron con ellos mismos aplicando las complejas fórmulas actuariales que como Dios han convertido las piedras en pan. No se trata, como pudieran pensar sus mal querientes, que hay conflicto de interés, abuso de poder y depredación del Estado. No. Por el contrario, empezaron con ellos mismos para probar sus estrategias, de tal suerte que si fallaban no fueran los sonorenses los que vieran impactados sus patrimonios, sino sólo los de ellos mismos. Eso se llama responsabilidad, solidaridad y compromiso. Se imagina alguien el gran orgullo que deben tener los sonorenses de estos políticos tocados por una peculiar inspiración divina aunado a su talento natural que no necesitan estudios para demostrar que su fórmula de multiplicar su patrimonio ha funcionado y que el 7 de junio se preparan para seguir siendo el orgullo sonorense. Eso sí como México no hay dos. Y como Sonora ninguno. No dude usted que Padrés sea uno de los candidatos más fuertes para obtener el Premio Nobel en Economía.
@evillanuevamx

3 may. 2015

10 key points of the failed Anti-corruption Reform in Mexico

10 key points of the failed Anti-corruption Reform

Ernesto Villanueva

Article published originally in @revistaproceso April 30, 2015

MEXICO CITY, (proceso.com.mx).- The public opinion’s demands to create a National Anti-corruption System that supposedly should erase this endemic problem in Mexico and the spreading of articles on The White House of Enrique Peña Nieto and his wife, as well as the acquisition of another house by the Treasury Secretary Luis Videgaray, accelerated the passing of a reform in this matter. However, things are not like the government and its allies have advertised. So let’s see.
One. The Anti-corruption Reform takes place right in the middle of federal and local electoral processes in various states of the country. There is without a doubt a discredit of politicians. The passing of a constitutional reform on Anti-corruption was the multi-party strategy to sell to the public opinion the perception that something is being done to tackle the issue, hence the full support among the parliamentary fractions, apart from some honorable exceptions. The problem is that it is precisely just that, a perception, not an affective reality.
Two. The constitutional Anti-corruption reform leaves untouched the President, subjected only to two hypotheses for him to be processed: a) Treason against the Nation, although the type of criminal offense is almost impossible to prove, and b) serious criminal offenses, whose title has disappeared from the Criminal Code. In short, there is no measure in this reform that prevents the President from committing corruption but it does permit that the abuse of power is left without penalization. Even if the Anti-corruption system worked just like it was designed to do, a case like The White House of Peña Nieto and his wife would have occurred without any sanction because that hypothesis of high-level corruption was never regulated.
Three. It was precisely the case of corruption in which the President, his family, and his Treasury Secretary participated what caused, with their behavior, the necessity in the red circle to do something regarding this matter. Paradoxically, the responsible actors for the main acts of corruption did not have one single anti-corruption legal reference and, actually, it is helping to another simulation case to manipulate the public opinion.
Four. The key word of the corruption was the conflict of interests that the political class should have learned as part of a damage control that was never effective. The absurd is that, in good measure, the term conflict of interests, reason, and justification of the mentioned constitutional reform was not included in the cited reform. Not even one reference to this expression that, like Senator Dolores Padierna says, has been outlawed in the language of power. Incidentally, Senator Padierna was one of the very few expressing the desire to place the general interest before criteria of political advantage, and she was the one who gave the best fight of solid argument in the Senate’s forum. She is one of the exceptions that confirm the rule that not all politicians are corrupt.
Five. Senator Padierna herself synthetizes the problem: “A change of five kilometers was required, instead a change of five millimeters was done. It’s harsh but it’s true; that’s the size of what should have been done but wasn’t. Even worse, as a funny concession, the administrative Infringement — and not criminal offense, for which strangely no norms were stablished— went from being a legal provision of five years to one of seven years. In the democratic societies this period encompasses fifteen years on average.
Six. The figure of fuero provided for in the constitutional article 108 had as a purpose to protect the legislators’ freedom of speech in order avoid being prosecuted because of their words in the Senate since the 1917 Constitution. That figure was distorted with the course of time to become what it is now, a guarantor of impunity. By not touching this figure, is left intact a well-known instrument to face crimes and/or illegal acts without problems, committed by a wide network of politicians that are looking for slots in the Congress, only to enjoy privileges that constitute by themselves acts of corruption.  
Seven. The constitutional reform includes what already exists since the 80’s: the declaration of assets and incorporates the declaration of financial interests. However, this is done under affirmation; that is, it will not be revised if what the public servant says and states coincides with the facts. But even then, this information is not subjected to The Principle of Maximum Publicity, not even to the minimum.
Eight. The more active involvement of the Congress of the Union to ratify the control bodies of the executive and secretary of the topic does not guarantee a thing. Moreover, it causes a new distribution of fees or mechanisms of economic incentives so that the legislators approve the suggested ones without further debate, because they are all the same with the trickery that we already know from them.
Nine. In the name of Anti-corruption a new bureaucratic structure will be created; the National Anti-Corruption Prosecutor's Office that, in some way, will fight corruption, but it will generate incentives to distribute slots by widening the bureaucracy without any guarantee whatsoever but damaging the resources of the people. The Supreme Audit Office will have some new functions, but that stays only as a recommendation just like it is now. In any case, it will be able to present complaints, but by not reforming the figure of the Attorney General of Mexico that is destined to be effective only in those cases where, not for corruption, but for the political vendettas take place to justify its existence.
Ten. The constitutional reform remains a mere optical illusion that do not solve neither the core nor the form issues. Eventually it will be able to punish the minor corruption, but not the one from the high levels of government. And all the prior will have to wait long years because in Mexico, and we all know it, the Rule of Law is nonexistent. Thus, if the law was obeyed and applied, its effects would be of long-term in the impunity so familiar to us in the political class that extends to the infinite. Like Lampedusa would say in his novel The Leopard “If we want things to stay as they are, things will have to change”. “What will happen then? Oh, well. Just negotiations punctuated by a little harmless shooting, then all will be the same though all will be changed.” “One of those battles fought so that all should remain as it was.” At the end of the day, there is nothing to celebrate and a lot to regret because we have lost an opportunity to progress beyond the five millimeter Dolores Padierna said.


Diez puntos clave de la fallida Reforma Aticorrupción

Ernesto Villaueva
Publicado originalmente en Proceso el 30 de abril del 2015
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las demandas de la opinión pública para dar vida a un Sistema Nacional Anticorrupción que, se supone, habría de eliminar este problema endémico en México y la difusión de los reportajes sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa así como la compra de otra casa por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aceleraron la aprobación de una reforma en esta materia. Las cosas no son, empero, como se ha publicitado por el gobierno y sus aliados. Veamos.
Primero. La Reforma Anticorrupción tiene lugar justo en pleno proceso electoral federal y local en varias entidades del país. El descrédito de los políticos está fuera de duda. La aprobación de una reforma constitucional sobre Anticorrupción fue la estrategia pluripartidista para vender la percepción a la opinión pública que se actúa para enfrentar el tema, de ahí el respaldo amplio entre las fracciones parlamentarias, salvo honrosas excepciones. El problema es que es eso; sólo una percepción, no una realidad efectiva.
Segundo. La reforma constitucional Anticorrupción deja intocada la figura del presidente de la República, sólo sujeto a dos hipótesis para ser procesado: a) Traición a la patria, cuyo tipo penal es poco menos que imposible acreditar y b) Delitos graves del orden común, cuyo título ha desaparecido del Código Penal. En síntesis, no hay en esta reforma ninguna medida para evitar que el presidente de la República incurra en corrupción y sí permite que el abuso del ejercicio de poder quede sin ser sancionado. Un caso como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa si el sistema Anticorrupción se hubiera dado sin ninguna sanción porque no se reguló esa hipótesis de alta corrupción.
Tercero. Fue precisamente la corrupción en la que incurrió el Presidente, su familia y su secretario de Hacienda quienes generaron, con sus conductas, la necesidad en el círculo rojo de hacer algo en esta materia. Paradójicamente, los responsables de los principales actos de corrupción no tuvieron una sola referencia legal Anticorrupción y, en realidad, se asiste a un acto de simulación, otro más, para manipular a la opinión pública.
Cuarto. La palabra clave de la corrupción fue el conflicto de interés, que la clase política debió aprender como parte de un control de daños que nunca fue efectivo. Lo absurdo es que el vocablo conflicto de interés razón y justificación, en buena medida, de la reforma constitucional comentada no fue incluida en la citada reforma. Ni una sola mención a esta expresión que, como dice la senadora Dolores Padierna ha quedado proscrita en el lenguaje del poder. Dicho sea de paso, la senadora Padierna fue una de las poquísimas expresiones de anteponer el interés general a criterios de ventaja política y fue la que mejor dio una batalla argumental sólida en la tribuna del Senado. Es de la excepciones que confirman la regla de que no todos los políticos son corruptos.
Quinto. La propia senadora Padierna sintetizó el problema: “Se requería un cambio de 5 kilómetros y se hizo uno de cinco milímetros. Duro, pero cierto. Ese es el tamaño de lo que debió hacerse y no se hizo. Peor aun como una concesión graciosa los ilícitos administrativos – no penales que no fueron extrañamente normados- pasaron de una prescripción de cinco a siete años. En las sociedades democráticas este periodo abarca en promedio 15 años.
Sexto. La figura del fuero previsto en el artículo 108 constitucional tuvo como finalidad proteger la libertad de expresión de los legisladores para evitar ser enjuiciados por sus palabras en tribuna desde la Constitución de 1917. Esa figura se mal formó al transcurso del tiempo para convertirse en lo que es ahora, garante de impunidad. Al no tocar esta figura se deja intacto ese conspicuo instrumento para hacer frente sin problemas a delitos y/o ilícitos cometidos por una amplia red de políticos que buscan espacios en el Congreso para gozar privilegios que constituyen, en sí mismos, actos de corrupción.
Séptimo. La reforma constitucional incluye lo que ya existe en la ley desde los 80´s: la declaración patrimonial y agrega la figura de la declaración de interés. Lo hace, empero, bajo protesta de decir verdad; es decir, no se revisará si lo que dice el servidor público y lo que declara coincide en los hechos. Peor aún, esta información no está sujeta al principio de máxima publicidad, ni siquiera a la mínima.
Octavo. La participación más activa del Congreso de la Unión para ratificar a los órganos de control del Ejecutivo y al secretario del tema, no garantiza nada. Más aún, genera un nuevo reparto de cuotas o mecanismos de incentivos económicos para que los legisladores aprueben a los propuestos sin mayor debate, porque son los mismos de siempre con las mañas que todos les conocemos.
Noveno. En nombre de la Anticorrupción se creará una nueva estructura burocrática, la Fiscalía Anticorrupción que, en modo alguno, combatirá la corrupción, sino que generará incentivos para repartir espacios ensanchando la burocracia sin garantía alguna, en perjuicio de los recursos del pueblo. La Auditoría Superior de la Federación tendrá algunas nuevas atribuciones, pero se queda sólo en la mera recomendación igual que ahora. En todo caso, podrá presentar denuncias de hecho, pero al no reformar la figura del Procurador General de la República eso está destinado a actuar sólo en aquellos casos donde, no por la corrupción, sino debido a las revanchas políticas tengan lugar para justificar su existencia.
Décimo. La reforma constitucional se queda en una mera ilusión óptica que no resuelve los problemas de fondo ni de forma siquiera. Eventualmente podrá sancionar la corrupción minúscula, pero no la de los altos niveles de gobierno. Y todo lo anterior habrá de esperar largos años, porque México no es, todos los sabemos, un Estado de derecho. De esta suerte, si se cumpliera y aplicara la ley sus efectos serían de largo plazo. En la impunidad tan nuestra en la clase política eso se prolonga al infinito. Como diría Lampedusa en su obra El Gatopardo “”Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”. Una de esas batallas que se libran para que todo siga como está”. No hay, a final de cuentas, nada que festejar y mucho que lamentar porque se ha perdido una oportunidad de avanzar más allá de los cinco milímetros Dolores Padierna dixit.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
www.ernestovillanueva.blogspot.com

Autovictimización presidencial

Autovictimización presidencial

Ernesto Villanueva

Artículo publicado el 26 de abril en Proceso

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) –e incluso antes, en su periodo como presidente electo– fueron de reconocimiento, beneficio de la duda y esperanza de que el rumbo del país habría de ser mejor que con Felipe Calderón, quien salió mal de su gobierno por su fallida guerra personal contra el crimen organizado.
Hoy, dos años después, Peña Nieto está en el peor de los mundos, sin visos de que la situación nacional vaya a mejorar. Veamos.
Primero. Altos funcionarios del gobierno creen o quieren hacer creer que las cosas en México van de maravilla. Arguyen que la prensa extranjera orquestó una campaña contra el gobierno de Peña Nieto, sólo ve el vaso medio vacío y no reconoce su esfuerzo por sacar al país adelante.
Pretenden crear la idea de que en la economía todo iría muy bien con la gestión de Luis Videgaray, pues se quieren convencer de que ha hecho lo correcto en los tiempos adecuados. En la lógica de estos funcionarios, si no se han dado los resultados esperados, eso no es culpa del secretario de Hacienda; el argumento justificativo es que ha habido factores externos magnificados por una compleja red de malos mexicanos en connivencia con la prensa extranjera para dinamitar la confianza en el país. La economía vive, en gran medida, del factor subjetivo de la credibilidad, de la certidumbre en el tiempo, y eso se llama confianza.
En suma, de acuerdo con esa percepción que sale de la oficina presidencial, las aviesas intenciones y acciones de la prensa extranjera, junto con los escasos medios mexicanos críticos que no se suman a “mover a México”, han hecho naufragar “artificialmente” al gobierno de Peña Nieto en apenas dos años, tiempo récord en la historia contemporánea del país.
La prensa extranjera aliada, receptora y reproductora de los mensajes originados por los mexicanos resentidos, siguiendo la misma versión, por distintas razones, todas ellas ajenas a los mejores intereses del país, han magnificado lo que sucede. Por ejemplo, se aduce que Juan Méndez, relator especial de la ONU, se extralimitó al afirmar que en México las violaciones a los derechos humanos, específicamente la tortura, son generalizadas. El gobierno mexicano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideran que éstos son eventos aislados y están debidamente identificados y controlados.
Segundo. Que alguien crea en esta explicación-justificación de por qué hace agua la estructura gubernamental por todos lados es una estulticia que no resiste el menor análisis. ¿Cómo podría explicarse que en los primeros meses del gobierno la prensa extranjera tratara bien al presidente y poco tiempo después haya cambiado su percepción? La explicación es muy sencilla. El quid del asunto es que el propio Peña Nieto se ha convertido en el pasivo central de su gobierno, por sus propias acciones: Conflictos de interés, opacidad, impunidad, corrupción, incapacidad política… Lo más reciente: la ocupación de ostentosas residencias en el sector más exclusivo de las Lomas de Chapultepec por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y su subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, y el desmentido de Osorio que se exhibe a sí mismo porque los reporteros Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa no se fueron con versiones o rumores, sino con pruebas en la mano, que están a la vista de todos. Eso se llama cinismo puro y duro.
De esta suerte, no hay ningún complot o red para que Peña Nieto se encuentre con las peores calificaciones en muchos rubros. Me queda claro que ese modus operandi está en su propia naturaleza y no puede ir contra sí mismo. Esa naturaleza contra natura de la democracia es reportada por la prensa extranjera y los contados medios críticos mexicanos, entre ellos Proceso, porque es de interés público. No es, por supuesto, un asunto personal, de empatía o antipatía, sino de actos que forman una serie continuada en el tiempo, día tras día, que convierten al gobierno federal en foco de atención mediática recurrente, toda vez que sus acciones se superan una a la otra en una suerte de concurso para ver cómo pueden realizarse de la peor manera.
Cuando uno creía que ya había visto todo, Peña Nieto siempre sorprende con algo más burdo o absurdo, como el nombramiento de Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública, llevado de la mano de José Antonio Meade y Luis Videgaray para vigilar a sus propios amigos –a quienes les debe el puesto–, y al jefe de ellos. Eso en sí mismo ofende la inteligencia de todos. Reconozco la capacidad retórica y sofista de quienes son capaces de presentar este espectáculo como un serio instrumento de lucha contra la corrupción.
Tercero. A dos años, la esperanza de que Enrique Peña Nieto pueda cambiar es como creer que la reforma del sistema educativo va a funcionar o que desaparecerá la contaminación ambiental del Valle de México. Lo deseable sería que los grandes segmentos de la población ejercieran su derecho a decir no, a denunciar, a exigir cuentas. Pero eso el propio gobierno nos lo ha quitado desde niños con un sistema educativo acrítico que forma técnicamente pero que evade abordar asuntos como la justicia social o el reparto equitativo de la riqueza social.
Son algunas islas en el mar de la resignación y de la derrota anticipada las que luchan por poner un alto a lo que sucede en México. Qué bueno que eso exista para crear un limitado pero existente contrapeso social a los actos que se aparten de la ley. También es positivo que la prensa extranjera, o buena parte de ella, y los medios independientes mexicanos, no sean refractarios al clima de crisis, depredación e incertidumbre que impera en todo México. No es, por supuesto, una solución de fondo, pero sí un dique para que algunos, los más notorios al menos, de los actos delictivos o ilícitos del gobierno no se queden sin consecuencias.
ernestovillanueva@hushmail.com

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