19 de dic. de 2014

EPN: diez ofensas a la inteligencia

Ernesto Villanueva
Artículo publicado orignalmente en Proceso el 6 de diciembre del 2014

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Como bien afirma Tácito, “cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes”. Aquí, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) pone de relieve este proverbio clásico, pues las 10 medidas que anunció en días pasados son un claro ejemplo de simulación, retórica y afectación del estado de derecho. Existen elementos para afirmar lo anterior. Veamos.
Primero. La propuesta inicial, consistente en una iniciativa de “ley contra la infiltración del crimen organizado en las entidades municipales”, es, de entrada, una respuesta retórica por la coyuntura de Ayotzinapa. Si por cada tragedia se hace una nueva ley como instrumento de seguridad psicológica, habrá una hiperinflación legislativa. Además, se quiere hacer pensar que el narcotráfico sólo se incuba en los municipios y no en los estados, en la Federación y en toda instancia pública y privada. De igual forma, esa ocurrencia presidencial ignora que el municipio es el primero y más importante organismo constitucional autónomo, de acuerdo con el artículo 115 constitucional. Por esta razón, la propuesta de EPN es un absurdo ya que no basta una ley, sino una reforma constitucional, que además debería discutirse con una visión de gran calado.
Segundo. EPN preconiza “refinar con precisión y claridad las competencias de cada autoridad en el combate al delito”. No se sabe a ciencia cierta qué quiso decir. Pero basta leer lo dispuesto en el artículo 124 constitucional, que a la letra dice: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. De esta suerte, dicha “refinación” únicamente podría hacerse con una reforma de los principios cardinales de la Constitución federal, lo que dejaría sin efecto el federalismo, que constitucionalmente está protegido.
Tercero. EPN busca la creación de 32 policías estatales únicas. Esta iniciativa tiene dos grandes inconvenientes: a) Se parte de que los “malos” son los policías municipales, y de que los estatales y federales son buenos y puros, cuando todos sabemos que no es así. La corrupción y el crimen organizado están infiltrados en todos los niveles de gobierno en mayor o menor medida, y b) Esa idea reclama forzosamente reformar también la Constitución federal, pues de manera clara el artículo 115, fracción III, numeral h), dispone que el municipio tendrá a su cargo la “seguridad pública”, y el artículo 21 establece en su párrafo octavo que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios”. En una muestra de ignorancia, EPN dice además que “la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”. Sin comentarios.
Cuarto. EPN anuncia un teléfono único de emergencias, el 911, engañando a la sociedad, por las siguientes razones: a) Porque EPN miente con una propuesta que se entiende innovadora y no lo es porque ya desde el 14 julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 190, numeral IX, establece la obligatoriedad de un número único de emergencias, que ahora viene trabajando el Ifetel como el 066 y no como el 911 que erróneamente mencionó EPN pensando en el 911 de Estados Unidos.
Quinto. Propone EPN crear la clave única de identidad que, supongo, se refiere al número de seguridad social estadunidense y no a la cédula de identidad, que fue toda una polémica el sexenio pasado. En un país como México, donde la honestidad es la excepción, esta medida me parece intrusiva. No por nada el artículo 35, numeral 5, de la Constitución de Portugal, dispone que: “Se prohíbe la atribución a los ciudadanos de un número nacional único”.
Sexto. EPN anuncia que el gabinete de seguridad realizará un operativo especial en la zona de Tierra Caliente. Desde que entró Felipe Calderón se han realizado operativos especiales en Michoacán que han continuado con un inconstitucional delegado federal en la entidad, aunque las cosas siguen igual, aparte de que al respecto no hay nada que no se haya dicho antes.
Séptimo. EPN prevé “acciones para hacer efectivo el derecho a la justicia”. Lo único que se requiere es cumplir con la ley, y eso no es una concesión graciosa de EPN, sino su obligación principal.
Octavo. EPN propone medidas para fortalecer los derechos humanos. Sobre el tema, ya todo o casi todo está dicho; lo que falta, igual que en el párrafo anterior, es observar puntualmente el mandato de la ley.
Noveno. EPN clama de nueva cuenta por el combate a la corrupción. Por favor, debería empezar con él mismo, su esposa y sus socios. Es verdaderamente cínica esa propuesta autoincriminatoria.
Décimo. EPN recomienda la “rendición de cuentas”. Esta medida, que es loable y está vinculada con la anterior, no puede prosperar por el diseño institucional del país, por el amplísimo germen de la corrupción en la clase política y por la ausencia en la educación de una nueva generación de valores de ética pública que hoy no aparecen en los libros de texto gratuitos. Peor tantito, buena parte de los profesores son parte del problema y no de la solución.
Por todo lo anterior, veremos que estas ocurrencias serán sólo eso, dejando de atender con seriedad y con verdaderas soluciones los grandes problemas del país, las cuales no podrán esperarse de EPN porque él forma parte de lo que se debe cambiar. Como diría Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo: “Nadie va contra su propio interés”, y EPN no será la excepción. Sólo la participación del pueblo podrá cambiar el estado de cosas. Nada más.
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Manifestación: alcances y líimites

El mundo al revés
Manifestación: alcances y límites
Ernesto Villanueva

Columna publicada originalmente en Noroeste el 15 de diciembre de 2014

En estos días el personal de Hospital Pediátrico de Culiacán (trabajadores, enfermeras y médicos) ha salido a la calle para reclamar lo que, a su juicio, son derechos laborales afectados. El gobernador Malova amenaza hasta ahora con cumplir la ley a rajatabla porque afectan el orden público. ¿Quién tiene la razón?. Veamos.
Primero. Es verdad que los derechos humanos no son absolutos; antes bien, tienen límites que generalmente se encuentran en la posibilidad de que los demás puedan ejercer los mismos derechos. Ello requiere de un análisis integral y sistemático del orden jurídico. No se puede hacer en estos casos una interpretación literal por su ingrediente social y por la abundante jurisprudencia nacional y especialmente internacional a que México se ha obligado a cumplir. De entrada, se tiene en juego el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión previstos en los artículos 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos dos derechos humanos deben ser interpretados a la luz de lo dispuesto en el artículo 1º, párrafo segundo, que a la letra dice: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” ¿Qué significa que se debe favorecer “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”? Que a quienes hacen usos de derechos humanos, como los previstos en el artículo 6º y 9º, libertad de expresión y derecho de reunión, los puedan ejercer efectivamente. Se aplica un estándar protectivo de los derechos humanos. De estos dos derechos humanos hay una derivación reconocida ´por los instrumentos de derechos humanos reconocidos por México: el derecho a la oposición o a la protesta social, que supone el descontento de un colectivo con la acción u omisión de una autoridad que expresa de manera pública para exhibir su proceder.  
Segundo. En efecto, la movilización de protesta social encuentra protección en distintos casos y resoluciones de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no tienen desperdicio a propósito de que por primera vez un grupo de sinaloenses sale a la calle a exigir sus derechos. De entrada, hay que considerar que la protesta social no es un punto de partida, sino un puerto de llegada, donde en esos dos puntos hay todo un proceso de peticiones, negociaciones, promesas incumplidas hasta que se rompe la cuerda del diálogo intramuros. El artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una excepción al ejercicio de la libertad de expresión que ejerce el personal del Hospital Pediátrico de Culiacán: a) El orden público.. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “una acepción posible del orden público dentro del marco de la Convención, hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.” (OC-5/85 numeral 64). Asimismo, la propia Corte ha dejado en claro que: “debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el " orden público " o el " bien común " como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las " justas exigencias " de " una sociedad democrática " que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención” (Op. Cit.numeral 67).
Tercero. Por otro lado, el derecho de manifestación o protesta social requiere para su ejercicio manifestarse públicamente en aquellos espacios en donde se puedan observar las reivindicaciones de sus derechos. Este caso aplica al personal del Hospital Pediátrico de Culiacán que se vería reducido en sus derechos si hubiera una zona alejada de la ciudad para manifestaciones y protestas sociales que dejarían vacío de contenido este derecho porque nadie o muy pocos escucharían el contenido de su mensaje. La criminalización del derecho de reunión que promueve el gobernador Malova demuestra un rasgo autoritario y una ignorancia explícita del sistema jurídico internacional que se ha internalizado a partir de la reforma del artículo 1º de la Constitución Federal. Para enfrentar esta ocurrencia malovista debe recordarse que,  como lo establece el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos así como el 15 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que forman parte viva del régimen jurídico mexicano, la restricción del derecho de reunión sólo puede llevarse a cabo siempre y cuando: a) exista una ley al efecto. La Corte Interamericana ha establecido que: “no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30 [de la Convención], como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual “los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”(Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, numeral 169). Y b) Sean necesarias en una sociedad democrática; es decir, de acuerdo a la Corte Interamericana que “estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. (…) (Caso Claude Reyes vs Chile numeral 91). Además, el intento inconstitucional del gobernador Malova para limitar el derecho de manifestación, oposición, protesta o reunión debe observar el principio de responsabilidad penal individual, lo cual  significa de acuerdo al artículo 5.3 de la Convención Americana la pena no puede trascender a la persona individualmente determinada, razón por la cual se viola este principio judicial cuando se sanciona a alguien por el sólo hecho de pertenecer o formar parte de un movimiento o de una protesta social.
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7 de dic. de 2014

No olvides, no perdones: Alexander Mora Venancio

Compañeros… 
A todos los que nos han apoyado…
Soy ALEXANDER MORA VENANCIO. A través de esta voz, les hablo. Soy uno de los 43 caídos del día 26 de Septiembre, en manos del narcogobierno. 
Este 6 de diciembre le confirmaron los peritos argentinos a mi padre que uno de los fragmentos de mis huesos, encontrados, me corresponden… 
Me siento orgulloso de ustedes, que han levantado mi voz. El coraje y mi espíritu libertario. 
No dejen a mi padre solo, con mi pesar… Para él signifiqué prácticamente todo: la esperanza, el orgullo, su esfuerzo, su trabajo y su dignidad. 
Te invito a que redobles tu lucha. Que mi muerte no sea en vano. Toma la mejor decisión, pero no me olvides. Rectifica si es posible, pero no perdones. 
Este es mi mensaje. Hermanos hasta la victoria.
SOY ALEXANDER MORA VENANCIO, DE EL PERICÓN, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO

19 de nov. de 2014

De mal en peor

De mal en peor

De mal en peor. Cartón de Rocha
De mal en peor. Cartón de Rocha
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La comparación sirve siempre como una herramienta para saber si vamos bien, estamos igual o avanzamos. De ahí que resulte interesante el análisis de los estudios internacionales. Veamos cómo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la más reciente radiografía de sus integrantes, evalúa a México.
Primero. Como es lógico para todos, nuestro país es el más inseguro de los miembros de ese organismo. Brasil y Rusia se colocan ligeramente mejor. Por el contrario, Japón es el más seguro. Mientras en Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y Polonia la cifra de personas que afirman haber sufrido algún delito es menor de 2%, en México es de 12.8%, lo que refleja el grave problema que sacude a la República, que también ocupa uno de los lugares más bajos en ingresos y equidad.
En México, según la OCDE, el ingreso familiar es de 12 mil 850 dólares al año. Esto, por supuesto, si la riqueza se repartiera de forma equitativa. Como no es así, la brecha entre los más ricos y los más pobres es muy alta: El 20% de los que más ganan obtienen al menos 13 veces más que el 20% de los más pobres, lo que hace de México una nación gravemente inequitativa.
Y en esa misma lógica, los mexicanos trabajan 2 mil 226 horas al año –el promedio de la OCDE es de mil 765 horas– para ganar un sueldo muchas veces inferior al de los demás integrantes del organismo. A pesar de que México destina una gran parte de su presupuesto a la educación, sus resultados son bajísimos. En efecto, sólo 36% de los ciudadanos entre 25 y 64 años tienen estudios de secundaria, lo que dista mucho del promedio: 75%. Este es el país con los niveles educativos más bajos de la OCDE, mientras que Finlandia cuenta con los niveles más altos. Y por lo que concierne a calidad en niveles de lectura y matemáticas, la República Mexicana alcanza 417 puntos, contra el promedio de 497. Dato importante es que las mujeres mexicanas salieron en el estudio un punto porcentual arriba que los hombres.
Segundo. En México, la esperanza de vida ha subido a 74 años; aún así, es menor que el promedio, que es de 80 años. Las mujeres tienen una esperanza de vida de 77 años, y los hombres de 71. En contaminación, también este país anda mal. El nivel de las partículas atmosféricas PM10 –que son contaminantes, están en el aire, entran a los pulmones y pueden dañarlos– es de 28.9 microgramos por metro cúbico, bastante más alto que el promedio de 20.1 microgramos.
No se diga la calidad del agua: 20% menos potable que el promedio de los países de la OCDE. Incluso en las relaciones personales, los mexicanos confían menos (como lo han documentado Samuel Ramos y Octavio Paz) que en otras partes del mundo. En efecto, 68% de los connacionales dice tener alguien en quien confiar cuando lo necesita, mientras que el promedio es de 84%.
Una de las grandes aportaciones de la simulación mexicana es la credencial para votar, que se obtiene porque hace las veces de documento de identidad y es gratuita, más que para ejercer el derecho al voto. No tener credencial para votar es casi tanto como la muerte civil. A pesar de ello, México tiene una participación política de 63%, contra el promedio de 72%.
Tercero. Aunque los indicadores anteriores ponen de relieve que nuestro país tiene una gran ventana de oportunidades para mejorar, sorprende que el estudio de la OCDE afirme que los mexicanos están más satisfechos con su vida (82% dice tener más experiencias positivas en un día normal –sentimientos de paz, satisfacción por sus logros, etcétera) que el promedio de 76%. Dichos datos de la OCDE fueron obtenidos específicamente para este organismo internacional por la encuestadora Gallup, y lo mencionado resulta preocupante porque refleja un problema en la encuesta o muestra un grave estado de negación o evasión de los mexicanos ante su realidad, en virtud de que se observa un profundo divorcio entre su calidad de vida objetivable y su calidad de vida aparentemente percibida.
Si esto que afirma Gallup para la OCDE es cierto, se tendrá PRI para rato porque lo más importante no es la verdad vivida, sino la verdad percibida. Aquí cabría el dicho utilizado por el mexicano al que se le pregunta “¿cómo estás”, y que en su respuesta dice entre bromas y veras: “jodido, pero contento”. ¿Será? l
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31 de oct. de 2014

OCT31

CONDENA CIMTRA ATENTADO CONTRA ERNESTO VILLANUEVA

CON LOS OJOS ABIERTOS


    El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) condenó el atentado que sufrió el catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva Villanueva, el pasado miércoles.

    A través de un comunicado, el Colectivo señaló que “las críticas y comentarios hechos por el Doctor Villanueva no pueden ser motivo de censura y acallamiento y mucho menos de atentados contra su integridad”, considerando necesario “levantar la voz ante la serie de problemáticas y obstáculos” que presenta México.

    Ernesto Villanueva, especialista en temas de transparencia y combate a la corrupción y ex aspirante a comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), recibió, la mañana de este miércoles, dos disparos en la ventanilla del lado izquierdo de su vehículo y uno más en el toldo, mientras circulaba en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

    Ante ello, los grupos y aliados locales que conforman CIMTRA hicieron un llamado para promover el Estado de Derecho y esclarecer los hechos ocurridos, los cuales consideraron “vulneran la libertad de expresión y ejercicio crítico de la verdad”.

    El documento está firmado por los Colectivos CIMTRA del Distrito Federal, Colima, Chihuahua, Ciudad Juárez, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Sonora, Tabasco y Yucatán.

    Desliga a Diego Valadés del narco

    Por otro lado, a través de su cuenta de twitter, Ernesto Villanueva señaló que nunca afirmó que Diego Valadés, también investigador del IIJ-UNAM y a quien identificó como uno de los posibles responsables de los hechos, estuviera involucrado con el narcotráfico.

    “Sólo pregunté con base en los hechos a que tuve acceso”, indicó el investigador de la UNAM quien en un mensaje anterior había indicado que “es increíble en que el IIJ-UNAM ahora las diferencia se hagan a través de sicarios”.

    Foto: MVS

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