Michoacán: Crimen de Estado

Publicado originalmente en semanario Proceso 1906 -11 de mayo de 2013.

Hasta hace poco pensaba que el crimen organizado y el narcotráfico eran el principal problema de seguridad e ingobernabilidad en Michoacán. Hoy, tras reunirme con víctimas de desaparición forzada en Morelia y verificar los documentos de los que tengo copia, me queda la convicción de que existe crimen de Estado, por orden u omisión del gobernador interino Jesús Reyna, como también pasó con Leonel Godoy en otra modalidad, aunque en este caso sin visible relación con el crimen organizado. Me quedé sin palabras al ver niños huérfanos, viudas e hijas a quienes une un lazo común: el agravio del Estado contra su integridad personal y la de los suyos. ¿Qué decir cuando las fuerzas del orden a las que paga la sociedad para garantizar la seguridad son los autores de torturas, muertes, desapariciones, amenazas sin que pase nada? De la cúspide a la base, la comisión de delitos está viva. Revisemos sólo dos casos emblemáticos de lo señalado.

Primero. Laura Orozco Medina, ahora una joven abogada, habitante de Nuevo Zirosto, perteneciente al municipio de Uruapan, tenía hasta hace algunos años el sueño de ayudar a su padre en los negocios. Actualmente lo hace en circunstancias muy distintas. Al hablar con ella, me sorprenden su aplomo y su deseo de continuar una cruzada para pedir justicia porque las fuerzas del orden, incluidos militares, policías ministeriales y municipales, así como agentes del Ministerio Público, le quitaron de tajo todos sus sueños. El 20 de diciembre del 2007, un grupo de militares acompañados de policías ministeriales, sin orden de cateo ni de aprehensión, intentaron extorsionar a su padre. Al no ceder, le robaron la casa, le sustrajeron un auto y se llevaron a José Iván Orozco Medina –hermano de Laura–, a quien trasladaron al retén militar ubicado entre Peribán y Copetiro, le tomaron unas fotos y lo dejaron ir para regresar por él acusándolo de portación de armas exclusivas del Ejército y drogas.

Cinco años después, el licenciado Marcelino Ángel Ramírez, juez octavo de Distrito, otorgó a José Iván la libertad absolutoria, conforme al oficio 2604, expediente 32725/2007. Esto pone de manifiesto que le fueron “sembradas” las drogas y las armas, con lo que de entrada perdió cinco años de su vida. La insistencia en exigir justicia ante las autoridades competentes provocó la desaparición forzada del padre de Laura, Leonel Orozco Ortiz, así como de Leonel Orozco Medina y Moisés Orozco Medina, cuyo paradero aún se desconoce. La carta enviada al procurador del estado, Plácido Torres Medina, y las solicitudes de audiencia, jamás fueron respondidas. Hoy Laura, como abogada, ayuda a buscar a su padre y a sus hermanos. Para mayor desgracia, sus tierras, que habían permanecido en custodia de sus tíos, les fueron quitadas, aprovechando que en estas zonas no se acostumbra inscribir los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, de modo que la compraventa se hace a través de contratos privados, lo que genera que muchas propiedades estén en la incertidumbre jurídica.

La distinguida jurista Susana Thalía Pedroza de la Llave, entonces segunda visitadora de la CNDH, emitió la recomendación CNDH/2/2008/217/Q dirigida al gobernador Leonel Godoy. Jamás obtuvo respuesta, y tampoco ha dicho nada Jesús Reyna. A raíz de esa misma recomendación, la Sedena abrió la averiguación previa 21ZM/35/2008/ESP. ¿No son suficientes cinco años para que el procurador de Justicia Militar, general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, haya tenido avances y hechos públicos para demostrar que la justicia militar actúa?

Segundo. Diana Yalith de la Sierra García es otro ejemplo muy claro de cómo las fuerzas del orden del gobierno del estado de Michoacán constituyen, en su mayoría, parte del crimen organizado, que no está afuera, sino dentro, y cobrando en la nómina con el dinero de usted y el mío. El 25 de julio de 2012 David Silva García fue privado de su libertad, sin ninguna orden de aprehensión ni de presentación, por los tripulantes de las patrullas de la PGJE 608, 547, 310, 315 y 025 del Grupo de Operaciones Especiales. Hasta la fecha no se sabe de su paradero, y se trata de otro caso de desaparición forzada con la aparente aquiescencia del procurador Plácido Torres Pineda, quien se negó a recibir a Diana Yalith, acaso por formar parte de ese gran universo de personas anónimas que tienen derechos sólo de manera formal.

Por el contrario, la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública del estado se han convertido en origen de amenazas, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones forzadas de cientos de personas, según la lista separada de los “levantones” del crimen organizado externo (por llamarlo de alguna manera) preparada por el Cofaddem –una asociación de víctimas de desaparición forzada de Michoacán. Por eso Diana Yalith quedó sola a cargo de sus tres hijos pequeños sin el apoyo paterno.

Tercero. La invisibilidad de estas personas de a pie y el silencio de la sociedad por temor a represalias son caldo de cultivo de este infeliz fenómeno, que se reproduce erosionando la convivencia social. El arribo de Jesús Reyna como gobernador ha complicado las cosas, pues aumentan las zonas donde casi nadie está a salvo. Reyna fue subprocurador y procurador de justicia y conoce de primera mano estas fuentes de ingresos no auditables. Si lo anterior fuera poco, la PGJE y la SSP hacen campañas en torno a la existencia del “crimen organizado”, que pone “narcomantas”, como estrategia para provocar un clima de pánico social. No es posible saber cuáles son efectivamente de los cárteles y cuántas de la propia PGJE y de la SPP para generar cortinas de humo con el fin de obtener recursos adicionales de la Federación “para combatir el crimen”.

En efecto, se trata del programa Subsemun (Subsidio para la Seguridad en los Municipios), que se maneja en la más absoluta opacidad “por seguridad”. Con ello se hace posible la lógica del más increíble absurdo: por cada oveja cuya integridad es cuidada por los coyotes, más dinero reciben del Subsemun.

Este incentivo perverso debe desaparecer por el bien de todos.

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Michoacan: State crime

Michoacan: State Crime

Ernesto Villanueva

published originally in weekly magazine Proceso current edition 

Until now I had thought that the organized crime and narcotraffic were the main security and gobernability problems in Michoacan (a Mexican state). Today, after being together with victims of enforced disappearances in Morelia (the capital of Michoacan) and reviewing with my own eyes the documents, I am convinced that there is a State crime, by order or ommission of the interim governor Jesus Reyna, as well as of former governor Leonel Gody, government officials act in differently from members of organized crime although the crime could be the same. I was astonished by seeing children that have lost their fathers, widows and daughters that are joint by one fact: grievance of the Mexican State against their personal integrity or of their beloved ones. What can be said when public entities in charge of society´s security are the authors of torture, enforced disappearances, death, threats, without any consequences? From the top officials to the base, crime commission is a reality. Hereunder just two cases that depict what I affirm.

First. Laura Orozco Medina, a young attorney, of Nuevo Zirosto that is part of Uruapan´s county, had a dream of helping his father in his business until a some of years ago. Today her circumstances are very different. I was amazed of her fortitude and her will to continue seeking justice, because the public entities, including the military, state police (policías ministeriales), local police (policías municipales), fiscal (ministerios públicos), stole her dreams. On December 20, 2007 a group of military along with the state police, without any search order or warrant, tried to extort her father. He did not accept the pressure, and they stole his house, took their vehicle and her brother Jose Ivan Orozco Medina. Jose Ivan was taken to a military post located between Periban and Copetiro, where they took pictures of him and let him go. Afterwards the same military and state police came back accusing him of bearing arms that are exclusive of the army and of drug crimes. Jose Ivan was unjustly put in jail. 5 years later Jose Ivan a Federal Judge (Justice Marcelino Ángel Ramírez, Juez Octavo de Distrito) ordered the immediate liberation of José Iván because there was no evidence of the supposed crimes (Writ 2604 of file 32725/2007). This is evidence that the drugs and arms were put by the militars and the state police, making Jose Ivan loose 5 years of his life. This family continued to seek justice before the authorities, and this was the cause for the enforced disappearance of Laura´s father, Leonel Orozco Ortiz, and of her brothers Leonel Orozco Medina and Moisés Orozco Medina. Until now, there is no news of where they are. The letters of Michoacan´s Attorney General Placido Torres Medina, and the requests for being heard, have never been responded. Today Laura, as attorney, works to find where his father and brothers are. Additionally, the land that Laura´s family had and that had been under her uncle´s custody, were taken away. These takings were done taking advantage that in this region people do not register their lands in the Public Property Registry, and the sale of land is done in private. This generates more legal uncertainty. The very prestigious attorney Susana Thalia Pedroza de la Llave was then senior officer of the National Human Rights Commission in the recommendation CNDH/2/2008/217/Q to the then governor Leonel Godoy was never responded, nor has Jesus Reyna done nothing. From such same recommendation the Defense Ministry opened an investigation 21ZM/35/2008/ESP, with no results. How much time does General Brigadier J.M. Jesus Gabriel Lopez Benitez need to have some results to evidence that the militar justice does something? Aren´t 5 years enough? Apparently not.

Second. Diana Yalith de la Sierra García is another clear example of how the public enforcement agencies of the State of Michoacan are, in its majority, part of organized crime that is not outside of the public entities, but rather inside the government, and using your money and mine. On July 25, 2012, David Silva García was detained without any warrant, or judicial order, by the people inside the police patrols PGJE 608, 547, 310, 315 y 025 of the Special Operations Group (Grupo de Operaciones Especiales). Until today, there is no news about where David Silva is, forming part of the people subject of enforced disapperances with the consent apparently of the Attorney General, Placido Torres Pineda. This Attorney General refused to receive Diana Yalith, perhaps because she is part of the group of persons that in Mexican only have legal rights on paper. On the contrary, the Attorney General´s office (Procuraduría General de Justicia of Michoacan) and the Public Safety Ministry have become the source of threats, extorts, ilegal detentions and enforced disappereances of hundreds of persons pursuant the list prepared by COFADDEM (an association of victims of enforced disappearances in Michoacán). These persons have also been victims as Diana Yalith, that now is alone in charge of her three little children and without any parental support. It is worth noting that the list of COFADDEM is independent of the list of persons that have been “lifted” (levantada) by the organized crime.

Third. The invisibility of the ordinary people and society´s silence due to fear of revenge generate the breeding ground for the reproduction of this unhappy phenomena that erodes social harmony. Jesus Reyna appointment as governor of Michoacan has complicated the situation by multiplying the areas where almost nobody is safe. Reyna was Deputy Attorney General and Attorney General, and knows these types of income that are non-reviewable. Additionally, the Attorney General Office and the Public Safety Ministry create campaigns of presumably of the “organized crime” that puts announcements (narcomantas) as a strategy to generate a social panic climate. It is not possible to know which narcomantas as effectively from the organized crime and which are of the Attorney General Office and the Public Safety Ministry to create excuses to receive additional Federal resources to “attack crime”. In fact, the Subsemun program (“Subsidy for Safety in the Counties”, Subsidio para la Seguridad en los Municipios) is administered in absolutely lack of transparency in the sake of “security”. With this, the absurd becomes a reality: for each sheep that is taken care by wolfs, more money is received of the Subsemun. 

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El Costo de la Libertad de Expresión

Publicado originalmente en Semanario Proceso 1904 -27/04/2013-

Para Jorge Witker, con mi solidaridad

El desdén de la comunidad jurídica, la simulación, la ignorancia y la colusión constituyen una fórmula que erosiona día con día el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México. La inacción del Estado mexicano genera responsabilidad por omisión sin que pase nada; antes bien, se fortalece la impunidad en perjuicio de todos. Veamos.

Primero. De 2000 a 2012 la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados ha reconocido la existencia de 91 periodistas muertos, 13 “desaparecidos” y 54 agredidos físicamente. Por supuesto estas cifras oficiales pueden ser aproximadas, por la falta de un sistema único estadístico sobre la materia. En el mismo periodo la CNDH dijo haber recibido 807 quejas por agravios en perjuicio de periodistas. De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, el sexenio de Felipe Calderón –con su fallida guerra contra el crimen organizado– arrojó no sólo más de 80 mil muertos registrados y más de 26 mil desaparecidos, el que más ha dañado el tejido social en la historia del país, sino 58 homicidios, 14 desapariciones de periodistas y poco más de 40 atentados a instalaciones de medios de comunicación entre 2007 y 2012. Menos de 4% de los delitos cometidos en perjuicio de quienes ejercen habitualmente la libertad de expresión han concluido con sentencias condenatorias. Más grave aún es que al menos la mitad de los sentenciados son chivos expiatorios para salir del paso, según lo han reclamado los deudos y colegas de quienes han fallecido o “desaparecido” en este clima de violencia heredado por Calderón, generando así nuevas víctimas. La organización Article 19 puso al descubierto un interesante estudio que revela cómo en el periodo de Calderón el presupuesto de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR bajó de 2 millones 304 mil pesos en 2006 a 636 mil 740 en 2011. No sólo eso, en 2010 el subejercicio presupuestal alcanzó 91.79%. Ya en estas páginas me he referido con minuciosidad a la debilidad intencionada de la fiscalía de referencia (“Libertad de expresión: Simulaciones”, Proceso 1732).

Segundo. La gravedad del tema es tal que en su visita a México, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sostuvo que: “Las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Me encuentro alarmada por los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques en contra de periodistas y hago un llamado urgente a que esta impunidad sea erradicada.” En estos años se han creado distintas fiscalías especiales en las entidades federativas con un común denominador: Ausencia de resultados. Este panorama se explica por dos razones: a) Formales: concurrencia limitada de competencia, peritos inexpertos, agentes del Ministerio Público sin capacitación en materia de libertad de expresión, falta de la obligación en los códigos de procedimientos penales de agotar la línea de investigación por libertad de expresión, en delitos en los que haya agravio a la libertad de expresión, como ha sugerido la doctora Perla Gómez Gallardo, y ampliación para que las fiscalías conozcan de todos los tipos delictivos posibles; y b) Informales: el desencuentro natural entre periodistas de investigación y agentes del orden por ser señalados estos últimos, con amplia frecuencia, como parte activa o pasiva del crimen organizado o del fuero común. De esta suerte, resulta poco menos que imposible que por las vías recorridas hasta ahora haya resultados distintos a los que se han obtenido; es decir, ninguno. El colmo resulta, por ejemplo, que el periodista de Proceso, Jorge Carrasco destinado al seguimiento del homicidio de la corresponsal Regina Martínez, haya sido foco de amenazas graves poniendo en riesgo su integridad y la de su familia.

Tercero. El reto, como se puede apreciar, no es fácil sino sinuoso y complicado. La libertad de expresión en su más amplio sentido es una herramienta para que la sociedad tenga información para decidir cuestiones públicas y privadas. Este proceso de circulación plural y diversa de informaciones e ideas da vida a la democracia deliberativa que a todos debe preocupar que se practique, al menos en sus grandes trazos. Los pasos dados han sido transitados para guardar las formas. La reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXl, que permite atraer casos del fuero común al federal representa sólo una seguridad psicológica o un acto de fe de que las cosas habrán de mejorar. Creo por el contrario que a grandes males deben darse grandes remedios. Las policías son las peor evaluadas por la sociedad, según lo revela la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012. Las mejor evaluadas son el ejército y los militares. Quizá las cosas mejorarían si mediante una reforma constitucional se le otorga competencia a la Procuraduría General de Justicia Militar para que haga lo que la Fiscalía de la PGR no ha podido realizar en siete años. Junto con esta medida habría además que diseñar un sólido sistema de control de confianza que no se agote en las prácticas habituales de anticorrupción y antidoping, sino que tenga reactivos claros de medición –elaborados por las principales universidades y organizaciones de periodistas– sobre el papel de la libertad de expresión en una sociedad democrática como punto de partida para seleccionar fiscales y agentes. No sé si esta propuesta haría la gran diferencia, pero sí algunas diferencias sustantivas. De algo estoy convencido: Si no se hacen cambios de fondo todo seguirá exactamente igual, degradando todos los días la incipiente democracia mexicana.

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San Luis Potosí: impunidad estética

Publicado Originalmente en Semanario Proceso 1902 (13 de abril de 2013). 

En días pasados el ayuntamiento de San Luis Potosí, gracias al ejercicio de la transparencia, se volvió foco de atención local por un grave caso de corrupción que pone al descubierto la violación de los derechos básicos de los trabajadores del alcalde Mario García Valdez. Veamos.

Primero. El ayuntamiento de San Luis Potosí carece de un sistema de seguridad social para sus servidores públicos. Este hecho por sí mismo violenta el artículo 123 constitucional y el tema pudo haberse resuelto mediante un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el organismo estatal equivalente. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Será posible pensar que es porque esta fórmula permite márgenes de maniobra para que el alcalde y sus funcionarios puedan obtener recursos públicos al margen de la ley? El trienio pasado (2009-2012), en un gobierno del PAN, el ayuntamiento de San Luis Potosí destinó 398 millones 221 mil pesos para gastos médicos en beneficio de los servidores públicos del ayuntamiento de referencia, no por supuesto además del IMSS o el ISSSTE sino en lugar de éstos.

Peor todavía, el ayuntamiento no optó, ni lo ha hecho ahora, por contratar los servicios de una aseguradora mediante una licitación pública, que mucho abonaría a la rendición de cuentas, sino “que a partir de mayo de 2010 se suscribió convenio con el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, pagando una cantidad mensual especificada en dicho convenio, el cual entre otros conceptos ampara los procedimientos quirúrgicos, algunos insumos utilizados, así como los medicamentos aplicados-consumidos durante el procedimiento”, revela expresamente el ayuntamiento en respuesta a una solicitud de información hecha con fundamento en la Ley de Transparencia, cuyo modelo no ha modificado el actual alcalde, ahora del PRI. Tampoco por supuesto son transparentes los criterios utilizados para contratar el hospital A en lugar del B o viceversa.

Segundo. La irregular manera de contratar servicios médicos en San Luis Potosí ha generado que cualquier empleado municipal en lugar de tener al menos su póliza de seguro médico para atenderse donde quiera, debe negociar su acceso al derecho a la salud con sus superiores, quienes tienen la potestad de decidir si procede o no. Este conspicuo mecanismo, como es natural cuando no hay reglas claras ajustadas a derecho, ha generado arbitrariedades de todo tipo.

En efecto, si se toma como parámetro de referencia el común denominador de exclusiones de las aseguradoras, el caso de San Luis Potosí se vuelve peor. Entre 2009 y 2012 se practicaron 3 mil 774 procedimientos quirúrgicos de todo tipo para un universo de casi 5 mil servidores públicos, lo que revela de entrada que algo anda mal. Entre las intervenciones usualmente excluidas por las aseguradoras se contabilizan, según datos del propio ayuntamiento, 119 cirugías estéticas para corrección de nariz, 22 circuncisiones, dos operaciones de abdomen para reducir de peso, 44 legrados, 37 juanetes y así un largo etcétera particularmente de intervenciones estéticas.

La práctica de procedimientos médicos que no aceptaría ninguna aseguradora para contratos colectivos no es todo el problema. Para el mismo tipo de cirugía los precios pagados con recursos públicos varían de un caso a otro. Así, por ejemplo, la denominada “rinoseptoplastía más cauterización de cornetes” en un paciente le costó al erario 8 mil 700 pesos y en otro, 100 mil pesos, sin que se explique el porqué de semejantes diferencias. De la misma forma se puede observar que para procedimientos quirúrgicos idénticos los tiempos de incapacidad muestran variaciones significativas sin justificación alguna por la opacidad del ayuntamiento potosino. Cabe entonces plantear como hipótesis que las irregularidades son mayores a las que reconoce el ayuntamiento porque su información se reduce a un acto de fe, habida cuenta de que no aporta prueba alguna de sus dichos.

Tercero. De manera burda el alcalde García Valdez concentró en 12 mujeres, con empleo de base y provenientes de la administración anterior, el origen de los males, a quienes despidió “por haberse realizado operaciones estéticas de nariz, lipoescultura, mentón y senos con recursos públicos”, según el boletín emitido por el ayuntamiento potosino. ¿No es de llamar la atención que las sancionadas sean parte de la base de la pirámide jerárquica, sean únicamente 12 y además sean todas mujeres?¿Por qué ese criterio no se aplicó con los demás beneficiados, entre ellos los que se practicaron la circuncisión?¿Qué pasó con los superiores jerárquicos que autorizaron que esas intervenciones se llevaran a cabo? ¿Por qué el alcalde García Valdez no presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia para que se deslindaran responsabilidades, incurriendo con ello en complicidad? ¿Qué pasaría en el supuesto de que un empleado tenga una enfermedad que requiera de atención de alta especialidad cuyos servicios no ofrece el hospital contratado “por convenio”?

Y lo más grave: ¿Por qué el alcalde viola los derechos sociales de los empleados municipales y se sustraen recursos del gasto corriente para el pago de pensiones al margen de la Constitución? El ayuntamiento potosino tiene mucho que explicar. Es discriminatorio y ruin solazarse con las personas más débiles que no tienen voz para hacerse escuchar en la opinión pública, para aprovecharse precisamente de esa circunstancia a fin de crear chivos expiatorios y abrir espacios de empleo para los suyos. Cuando cualquier persona podría pensar que estos sucesos son aislados y excepcionales, García Valdez, presidente de una de las capitales estatales más importantes del país hace patente que la discriminación, la opacidad, la impunidad y la corrupción gozan de cabal salud.

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La incómoda transparencia

Artículo publicado originalmente en la edición 1900 de la Revista Proceso.

Hace unas semanas la reforma constitucional en materia de transparencia parecía un tren sin frenos que amenazaba con arrollar todo lo que se le pusiera enfrente. Hechos ajenos a ese infeliz propósito legislativo hicieron que el tren se descarrilara. Ahora se encuentra en proceso de reparación, acaso con la posibilidad de que se modifiquen algunas de sus más lamentables expresiones. Veamos.

Primero. En este contexto el desencuentro que tuvo lugar en el IFAI con motivo del nombramiento de su nuevo presidente ha venido a replantear las cosas. No se crea, por favor, que esto sucede por motivos democráticos –eso no pasa en nuestra clase política. Tres aspectos hay que considerar: a) en el proceso de designación de su titular, el IFAI cumplió con el proceso legal establecido en su propia normatividad; b) el comisionado Ángel Trinidad Saldívar ejerció, con el apoyo de lo previsto en el artículo 6º constitucional, su derecho a manifestar lo que a su juicio pasa dentro del IFAI, y c) los cinco comisionados fueron no objetados, y uno fue expresamente ratificado por el Senado de la República para cumplir con sus funciones. Los dos primeros hechos han querido presentarse como instrumentos para golpear al IFAI en sus líneas de flotación por toda suerte de resentidos, buscadores de empleo y sucedáneos, quienes anteponen sus intereses personales y no los del derecho a saber. Una visión de largo aliento debería privilegiar que sus actuales comisionados permanezcan en sus labores. Sus resoluciones, su origen político y su experiencia permiten que hoy haya contrapesos con el gobierno del PRI.

Segundo. La transparencia a lo largo y a lo ancho del país, en sus acepciones de acceso a la información y la que supone que el gobierno está obligado a hacer pública la información de la que dispone, es más bien una apariencia: no hay actualización de datos; existe información que induce al error, sobre todo en materia de sueldos; no hay nada o muy poco en lo que atañe a compras de gobierno (no se cuenta con datos de licitaciones ni mucho menos con contratos desglosados de asignación); casi no se encuentran manuales de organización ni currículos mínimamente desglosados para que la sociedad pueda conocer si hay correspondencia entre los perfiles de puestos y quienes los ocupan. Y así se puede enumerar un largo etcétera. Por lo que se refiere a las solicitudes de información, las respuestas de la simulación siguen ampliándose: a) es inexistente; b) no se entiende su solicitud, hágala de nuevo; c) no se cuenta con información como la que se solicitó; d) hay acceso al lugar donde está la información, pero no se pueden tomar fotografías, modalidad esta última con los atentos saludos del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y así la lista puede ampliarse cada día más.

Tercero. Los órganos garantes de transparencia que se pensó que iban a hacer la diferencia para ampliar el derecho a saber no han cumplido su cometido, en casi todos los casos, por tres razones: a) incidencia y acuerdo entre partidos y consejeros, comisionados o vocales que abren o cierran información por consideraciones ajenas a derecho; b) perfiles cada vez más ínfimos de los comisionados, quienes no tienen prestigio alguno que perder y, por el contrario, un ánimo presto a mostrar la mayor obsecuencia a sus empleadores reales para no quedarse sin empleo después de su encomienda. Esto ha generado que, en consecuencia, quienes tienen algún capital meritocrático hayan decidido alejarse de ese juego para no legitimar procesos o ser objeto de cartas de negociación política; c) distanciamiento cada vez más pronunciado entre el perfil deseable y lo que existe en el mercado de trabajo para desempeñar esos cargos. Esto ha impactado negativamente en el derecho a saber. ¿Quién en su sano juicio cree que estas personas podrían tener, en casi todos los casos, incentivos para cumplir y hacer cumplir la ley?

Cuarto. Los órganos garantes de la transparencia se han convertido, en su mayor parte, en espacios donde los conflictos de interés y las incompatibilidades gozan de cabal salud. En efecto, no son excepcionales los casos en los que parientes, amigos y subordinados de comisionados, consejeros o vocales son titulares de las unidades de enlace, o como se denominen en cada entidad federativa, de los sujetos obligados a informar, a cambio de ser “sensibles” al momento de resolver recursos o, de plano, redactar los acuerdos del propio sujeto obligado. En el mismo sentido, hay comisionados o consejeros que “saltan” a cargos dentro de los propios sujetos obligados que el órgano garante al que pertenecen. Es por las razones anteriores que deben establecerse claramente las figuras de conflicto de interés e incompatibilidades para generar candados para minimizar estas conductas que hoy se practican sin que nadie diga nada por ignorancia o interés. Falta mucho por hacer, hay que empezar aunque sea poco a poco para que la transparencia se traduzca en cada vez más casos en una realidad concreta.

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