28/7/2014

Si Peña Nieto está enfermo…



Publicado originalmente en el Semanario Proceso el 13 de julio de 2014.
A Jorge Witker en sus 40 años de vida académica
El tema relativo a la salud de quienes ejercen el poder en el país y, paralelamente, el relacionado con el derecho a saber de la sociedad, se encuentran en constante tensión en nuestro entorno: Tal pareciera que en estos terrenos no hay puntos medios o zonas de grises, sino blancos o negros. Aquí, el interés reside en la presencia de casos, por ejemplo, de gobernadores y legisladores –recuérdese el de Fausto Vallejo en Michoacán y el del fallecido senador Alonso Lujambio– cuyos problemas de salud tuvieron un severo impacto en sus gestiones públicas. Lo anterior trae a cuento las insistentes versiones en el sentido de que ahora es el propio presidente de la república, Enrique Peña Nieto, quien padece una enfermedad grave. Veamos.
Primero. Quienes sostienen que la salud de ciudadanos que ejercen altos cargos públicos debe ser un tema vedado a la sociedad basan su postura en razones como las siguientes: a) Se trata de un dato personal que debe clasificarse como confidencial, de acuerdo al mandato del artículo 16 constitucional, párrafo primero y segundo, y a lo dispuesto por la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares; el expediente médico se encuentra en el núcleo de protección más sensible de la persona, de ahí que no puede ser vulnerado; b) tener acceso a ese dato y tomar decisiones en función del mismo implicaría un acto de discriminación previsto en la Constitución (“queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”); c) dar a conocer el estado de salud de quienes ejercen el poder genera confusión, resta poder y disminuye la eficacia de las funciones gubernativas.
Buena parte de la comunidad abreva de una o de todas las anteriores razones para sostener incluso que un gobernante enfermo es un “héroe” o “heroína” que debe recibir toda la estima y reconocimiento de la sociedad porque hace un doble esfuerzo por cumplir sus funciones públicas.
Segundo. Mi posición sobre este polémico tema se encuentra exactamente del lado contrario a los argumentos esgrimidos líneas arriba en virtud de que a) se trata, en efecto, de un dato personal pero que no necesariamente debe ser confidencial. La propia Constitución da una salida a esta disyuntiva cuando en el citado artículo 16 constitucional dispone que la ley de datos personales “establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. ¿Alguien podría imaginarse, por ejemplo, al exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo siendo el presidente del consejo de administración de una compañía privada? Claro que no, porque su estado de salud afectaría los bolsillos de la empresa, así que dicho consejo o la asamblea de accionistas jamás permitirían que se atentara contra su capital. Esto mismo es aplicable a la esfera pública: un gobernante con una enfermedad que impacte en su capacidad para tomar decisiones vulnera el destino, la seguridad y la estabilidad de los gobernados; b) tener acceso a la información en supuestos como los indicados no sería un acto de discriminación porque no se estaría afectando sólo el derecho y la libertad de una persona, sino la de un grupo. El caso de un piloto aviador afectado por una enfermedad que lleve a impedirle maniobrar una nave para transportar a un grupo de personas de un lugar a otro no es indicativo de que está siendo discriminado, sino restringido en su libertad personal porque puede afectar los derechos de los demás a la vida y a su integridad. En los regímenes políticos autoritarios, los gobernantes echan mano de este argumento, pero con el fin de evitar la rendición de cuentas y su responsabilidad frente a los electores.
Tercero. No propongo que se abran al público los expedientes médicos de los gobernantes, sino sólo aquellas partes que contengan datos inequívocos de que un problema de salud pueda afectar la seguridad, integridad y la gobernabilidad de un país, de una entidad federativa o de una toma de decisiones que involucre en forma directa o indirecta a la población. En Estados Unidos, o bien en Colombia o Costa Rica para hablar de países cercanos culturalmente al nuestro, una apertura de esta naturaleza es perfectamente posible pues no se considera ajena a la vida democrática; antes bien, se toma como un saludable indicador de responsabilidad política. El lastimoso argumento del “héroe” o la “heroína” enfermos que siguen gobernando pese a su precaria salud es producto de la ignorancia. No hay por qué dispensar honores a quien irresponsablemente ejerce un alto cargo público en perjuicio potencial de la sociedad; debe llamársele a cuentas para que responda por sus actos y, eventualmente, proceda a renunciar o dimitir de sus funciones por razones de seguridad e interés públicos. De acuerdo con esta lógica, es necesario que en las leyes electorales del país se establezcan requisitos de salud como vías de ingreso a la función pública; por ejemplo, la realización de exámenes a cargo de un panel independiente de médicos de alto nivel que difícilmente expondrían su prestigio para transar con un candidato.
En otros países la ética personal y la intolerancia ciudadana a la simulación suplen lo que aquí debe hacerse por ley con todos los candados posibles. Los casos confirmados en México, que empezaron como rumores muchas veces “desmentidos” y al final tuvieron que ser aceptados sólo por la fuerza de la evidencia (Vallejo, Lujambio), son avisos reiterados de que los ciudadanos y quienes hacen las leyes no podemos seguir cruzados de brazos viendo cómo se antepone el interés y la ventaja política personal en perjuicio de la comunidad.
@evillanuevamx

7/7/2014

Sobre "Corrupción en el iFAI" réplica de Jacqueline Peschard y respuesta de Ernesto Villanueva publicadas en Proceso 1966 que circula esta semana

Señor director:
El 22 de junio pasado, en el número 1964 de la revista Proceso, a su digno cargo, Ernesto Villanueva escribió un artículo titulado Corrupción en el IFAI, en el que miente sistemáticamente y se refiere a mi persona como expresidenta comisionada del IFAI con calificativos denigrantes y difamatorios que carecen de fundamento. Es cierto que utiliza información oficial, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero siempre incompleta y sesgada.
Al referirse a la adquisición del inmueble del IFAI en 2012, durante mi gestión como comisionada presidenta, afirma que aunque el costo del edificio fue de 490 millones de pesos, el instituto comprometió 683.7 millones, es decir, “una variación importante” respecto del costo original, afirmando que por ello “hay indicios razonables de que Peschard se sirvió con la cuchara grande para tener probablemente sustanciales ahorros al margen de la ley”.
La falsedad de Villanueva no está en las cifras, sino en su afirmación de que se trató de una “variación” en la operación de compra. Me explico: De acuerdo con el avalúo realizado por la institución encargada de los mismos para el gobierno federal, el Indaabin, el costo del inmueble ascendía a 490 millones de pesos; sin embargo, el proyecto de inversión, que fue autorizado por la SHCP, previa elaboración del Análisis de Costo-Beneficio, incluía el acondicionamiento del edificio por 108.9 millones, más el pago de impuestos por 22.4 ( ISAI) y 62.3 (IVA por construcción) millones, que explican el total de 688.7 millones.
En otras palabras, no hubo costo adicional alguno ni variaciones en el precio, sino cifras desagregadas, siempre incluidas en la operación del arrendamiento financiero, que fue el esquema de compra aprobado por la SHCP. El arrendamiento financiero se realiza mediante subasta para obtener el crédito más bajo en el mercado, además de que asegura que los servidores públicos de la entidad involucrada, en este caso el IFAI, no manejen dinero alguno.
Villanueva miente al revisar el informe de la ASF de 2012 porque sostiene que para los servicios de logística y traslado al nuevo inmueble se contrató a una empresa cuyo objeto social no amparaba la prestación de dichos servicios, además de que se debió hacer una licitación pública internacional con testigos sociales. Al momento de suscribir el contrato, la empresa contaba con facultades para celebrar la mencionada contratación con el IFAI, según el Acta de Accionistas de la misma, y era innecesaria la licitación pública porque el monto del servicio amparado era inferior a 1 millón 500 mil pesos.
Villanueva sigue mintiendo al afirmar que “falsifiqué” una cotización de servicios al no haber realizado la invitación a cuando menos tres personas, siendo que el IFAI acreditó haberlo hecho a través del Sistema Compranet, que es el medio a través del cual todas las dependencias y entidades del gobierno federal anuncian sus contratos y licitaciones.
Adicionalmente, Villanueva tergiversa la afirmación de la ASF sobre muebles y equipo no utilizado por el IFAI, sin considerar que la Auditoría realizó una visita de inspección y encontró que de 600 bienes muebles, 28 no estaban aún asignados. Dicha observación fue solventada y la documentación fue remitida a la ASF para su consideración.
Es preciso destacar que a lo largo de todo el proceso de adquisición y ocupación del nuevo edificio del IFAI se siguieron puntualmente los procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el IFAI lo ha venido acreditando con evidencia documental ante la ASF. El procedimiento aún está en etapa de aclaraciones, y sólo una vez que ésta concluya se tendrán resultados definitivos.
Villanueva sostiene que la ASF determinó que ante sus observaciones el Órgano Interno de Control del IFAI iniciara las investigaciones pertinentes y, en su caso, diera curso al procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos. Esa es efectivamente la secuencia que debe seguirse a fin de fortalecer el control sobre el ejercicio de los recursos públicos, pero ello no implica que haya habido desvío de recursos en la adquisición del edificio del IFAI. Son procedimientos que se activan y van desahogándose conforme se desarrollan las diferentes fases de la auditoría.
En suma, Villanueva me calumnia a partir de observaciones del Informe de la ASF que aún sigue en curso, debido a que falta considerar la documentación comprobatoria que ha entregado el IFAI para solventarlas. Sólo entonces podrán extraerse conclusiones definitivas.
No puedo pensar que el libelo de Villanueva sea producto de la ignorancia, sino de una clara intención de difamar, pues se refiere insistentemente al “IFAI de Peschard” como si no supiera que el órgano de dirección del instituto es colegiado y que es su Pleno el facultado para tomar todas sus decisiones. Resulta agraviante para los integrantes de un órgano de dirección colegiada que se refiera así a una institución que ha dado muestras fehacientes y reiteradas de un desempeño íntegro.
Atentamente
Jacqueline Peschard
Respuesta de Ernesto Villanueva:
Señor director:
Todos y cada uno de los datos citados en mi artículo provienen de las observaciones finales –no parciales o iniciales, y una vez recibidas y desestimadas las aclaraciones del IFAI– de la ASF sobre la auditoría practicada al instituto durante la gestión de Jacqueline Peschard, que a continuación detallo.
Primero. Sobre la variación del precio del inmueble, la Auditoría Superior de la Federación dice textualmente: “El IFAI comprometió alrededor de 683 millones 788 mil pesos para la compra del inmueble que es hoy su nueva sede y cuyo costo presenta una variación importante respecto de los 490 millones de pesos que, en primera instancia, la anterior comisionada presidenta (Jaqueline Peschard) había señalado como costo del inmueble”. Por esta razón la ASF ordenó al órgano interno de control ante el IFAI que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron el procedimiento de adjudicación directa para la contratación de servicio de traslado de mobiliario, no obstante que el proveedor contratado no incluía este tipo de servicio en su objeto social, además de que tampoco acreditaron las pérdidas y costos adicionales a que se refiere el artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que justificaran el ejercicio de esa opción”.
Segundo. En lo que concierne a la contratación de la empresa que no tenía como objeto social el traslado de bienes inmuebles, la ASF señaló de manera literal: “Al momento de suscribir el contrato (de traslado de muebles, celebrado el 29 de noviembre del 2012) no tenía contemplado dentro de su objeto social el servicio de traslado de mobiliario, lo cual se confirmó con un escrito de la empresa de 30 de noviembre del 2012”.
Tercero. Sobre la falsificación de una de las cotizaciones de las empresas invitadas a que se refiere la señora Peschard, la ASF indicó textualmente: “El representante legal (de la supuesta empresa invitada por el IFAI) mencionó que en ningún momento recibió solicitud de cotización del IFAI, ni en medio físico ni electrónico; al cuestionarle sobre el escrito presentado por el IFAI en el que la empresa que representa cotizó el mobiliario solicitado por el Instituto, informó que ni la persona que aparece como la que firmó la cotización, ni ninguna otra que labora en la empresa que representa recibió ni suscribió cotización alguna; asimismo, informó que tampoco recibió del IFAI la invitación al procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de invitación a cuando menos tres personas y por lo tanto tampoco participó en el mismo”.
Cuarto. Por cuanto hace a las irregularidades solventadas por el IFAI, la ASF señaló: “Se determinaron 10 observaciones de las cuales una fue solventada por la entidad fiscalizada (el IFAI) antes de la integración de este informe. Las nueve restantes generaron tres recomendaciones, ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones”.
 Quinto. ¿Por qué hablo de “el IFAI de Peschard”? Por la sencilla razón de que el artículo 20, fracción I del Reglamento Interior del instituto dice que es atribución del comisionado presidente “conducir la gestión institucional del IFAI”, y (fracción II) “representar legalmente a la institución”. Pues bien, en el periodo considerado la presidencia recaía precisamente en Jacqueline Peschard.
Por lo demás, la ASF en ningún momento felicita al IFAI en la gestión de Jacqueline Peschard por haber realizado prácticas administrativas ejemplares o modélicas, lo que hubiera sido esperable en la institución en la que descansaban la integridad, la honestidad y la transparencia del Poder Ejecutivo federal. Y no está de más subrayar que la auditoría practicada al IFAI contempló 26% de sus recursos. En suma, no sabemos qué habría pasado si se hubiera aplicado a 100% de los mismos.
 Aclaro que todos los señalamientos e impu-taciones que hago en mi artículo son, desde luego, datos y opiniones estrictamente apegados a la información oficial que tuve a mi vista.
Atentamente
Ernesto Villanueva

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