20/9/2014

Ley Telecom: muerte a la privacidad


Ernesto Villanueva

Artículo publicado originalmente en la edición 1976 de la Revista Proceso del 13 de septiembre del 2014

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lo que no se había podido hacer con leyes específicas (como las ocurrencias en Nayarit y Veracruz), la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha cumplido con el propósito de tener acceso a nuestros correos electrónicos, llamadas telefónicas y geolocalización, dejando sin efecto derechos humanos fundamentales. Veamos.
Primero. El artículo 189 de ese ordenamiento es bastante grave para la vida privada de las personas. De entrada, en sus dos primeros párrafos señala: “Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y (de) recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación”.
¿Cuáles son las “autoridades competentes”? No lo dice la ley, y ello, en principio, no sólo revela una pésima técnica jurídica, sino que también comporta incertidumbre legal, toda vez que habría que hacer un análisis sistemático del régimen jurídico mexicano para identificar a las mentadas “autoridades competentes”. Lo anterior, sin contar las eventuales reformas que podrán hacerse en el futuro inmediato para dar competencia a la Policía Federal o a la Gendarmería Nacional, más las dependencias que se les ocurran al presidente Peña Nieto y sus asesores.
Segundo. El mismo artículo obliga a los concesionarios de telecomunicaciones a: 1. “Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. 2. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:
“a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; b) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluido el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados); c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia; e) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio; f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor; g) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y h) La obligación de conservación de datos comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.”
Estas disposiciones abren las posibilidades de que todo ciudadano sea espiado, no sólo por estar implicado en una investigación delictiva, sino porque podría tratarse de un rival político o de un activista social. Con estas herramientas, el Cisen tendrá información sensible de los ciudadanos quién sabe para qué propósitos, sin duda alejados del respeto a los derechos humanos. Del mismo modo, todos sabemos que la información privada de los mexicanos pronto estará a la venta en Tepito y en algunas otras zonas del mercado negro, como pasó con el Renaud o el Padrón Electoral.
Tercero. En el mundo del absurdo, el artículo 189 dispone: “Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo; cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en los términos administrativos y penales que resulten”. No se detalla cuáles son los fines de ese posible espionaje sin contrapeso alguno.
En una sociedad democrática, la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso sería un contrapeso. En México esa figura parlamentaria es una caricatura de lo que debería ser, porque: a) No tiene acceso a ninguna información distinta a la que puede obtener cualquier persona y b) No puede sancionar a ningún servidor público.
A diferencia de lo que pasa en México, el Tribunal Judicial de la Unión Europea –en la sentencia sobre los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12 Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros, del 8 de abril del 2014– señala claramente: “El Tribunal de Justicia considera que, al imponer la conservación de estos datos y al permitir el acceso a las autoridades nacionales competentes, la Directiva se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal”.
Esperemos que la Suprema Corte declare inconstitucional este desaseo jurídico.
ernestovillanueva@hushmail.com
@evillanuevamx
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14/9/2014

Derecho al olvido en "La República de los Medios" de Noticias 22 en canal 22 con Laura Barrera

https://www.youtube.com/watch?v=6iMmStt3ICQ

Derecho al olvido en redes sociales

Derecho al olvido en redes sociales
Ernesto Villanueva

Publicado originalmente en @Revistaproceso  el 11 de septiembre del 2014

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Desde hace años un efecto secundario de la libertad de expresión absoluta en las redes sociales, en los hechos no como derecho, ha sido que datos personales ciertos permanezcan en el tiempo pudiendo afectar el honor de un grupo de personas.
En otros artículos escritos en este espacio he señalado la dificultad de que el derecho alcance a regular los avances tecnológicos, a pesar de que recientemente se han dado pasos rápidos para que los contenidos en las redes no queden fuera de toda regulación.
De ahí el “libel tourism” que abordamos la quincena pasada, y ahora el denominado “derecho al olvido” que está empezando a desarrollarse. Veamos.
Primero. El derecho al olvido puede definirse como la prerrogativa que tiene una persona para que ciertos datos personales suyos por una acción cometida en el pasado sean borrados de la red de redes para evitar que permanentemente sean estigmatizados por la comunidad. Este nuevo derecho que no es considerado todavía un derecho humano universal, pero sí lo reconocen países como Francia o Argentina, tampoco es absoluto. Como en otros casos aquí hay tres bienes jurídicos protegidos que deben ser ponderados caso por caso para decidir cuál de los derechos debe prevalecer: a) La libertad de expresión; b) El derecho a la información del público y c) El derecho al olvido (que incluiría el derecho al honor).
Como se puede apreciar no incluyo el derecho a la vida privada porque esta prerrogativa de la persona se refiere a datos de la persona que nunca han sido considerados públicos (como el ADN, el color de la piel, las preferencias sexuales, entre otros) a diferencia del derecho al olvido que trata sobre datos públicos y veraces ocurridos en un tiempo determinado, pero que al paso del tiempo el titular de esos derechos desea que sean borrados porque le afecta su honor en el futuro.
De esta forma ni todos los datos ciertos y públicos deben ser borrados ni tampoco todos los datos y públicos pueden permanecer en la red para siempre.
Segundo. El derecho al olvido puede invocarse sin mayor problema por un menor (13 años es la edad a la que se refiere la Unión Europea y 17 en México y varios países de América Latina) que fue abusado en un momento determinado. En este hipotético caso el cyberbulling podría dañar seriamente al o a la menor que fueron víctimas de un ataque sexual o de cualquier otra forma. Sin embargo, el autor de estos delitos aunque haya sido detenido, sentenciado y cumplido su condena no necesariamente en automático puede concedérsele el derecho al olvido por el peligro potencial que una persona de esta naturaleza podría significar para una comunidad determinada. Sin dejar de reconocer que el derecho al olvido requiere de un análisis casuístico, se podrían identificar algunas nociones orientativas para ayudar a resolver estos casos: a) si se trata o no de información importante; b) si se trata o no de información relevante y c) si se trata o no de información de interés público. La persona que cometió un robo, por ejemplo, en su juventud y es un ciudadano de a pie tendría mayores probabilidades de ejercer el derecho al olvido que un gobernante que fue perseguido, detenido y condenado por ejercicio abusivo del cargo y por corrupción. En el primer caso no otorgar el derecho al olvido supondría un “juicio paralelo potencial” que al margen de la ley sigue siendo percibido como una persona que es un delincuente aunque haya pagado su condena puntualmente. En el otro caso, el gobernante corrupto por sus propias características de persona pública su derecho al honor es menor que el de una persona anónima y su delito afectó los intereses de una comunidad que le confirió su confianza para gobernarla y no sólo lo hizo mal, sino que se aprovechó de los recursos públicos para fines personales.
Tercero. Otro elemento del derecho al olvido por su propia complejidad y la necesidad de ponderar derechos requiere la presencia de un juez de derecho para que se aplique de la mejor manera posible cuál derecho debe prevalecer. Esto es importante hacerlo notar porque la más reciente resolución sobre el tema en Europa (2014), otorga esta potestad definitoria al “controller” o webmaster, lo que en sí mismo genera una incertidumbre jurídica de que no vayan a pagar justos por pecadores, habida cuenta que el webmaster carece de la formación jurídica para identificar cada uno de los derechos, los bienes que tutela y decidir cuál es más importante que otro en un caso concreto. Como siempre, hay posturas antitéticas sobre este tema, desde aquellos que reclaman la libertad de expresión sin límite alguno (que por cierto ninguna convención internacional o constitución política nacional protege) hasta quienes consideran que todo debe ser regulado, lo que caería en el supuesto contrario y daría vida a la censura que nadie quiere y que en muchos países, como en México, está claramente prohibida por nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Encontrar la mayor libertad de expresión posible con la mínima restricción necesaria parece ser el camino correcto.
ernestovillanueva@hushmail.com
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11/9/2014

El autoritarismo que ya está aquí




(Publicado originalmente en Proceso).-
Las promesas iniciales de Enrique Peña Nieto, que de haberse concretado al menos en parte hubieran permitido hablar de un PRI renovado tras 12 años de estar fuera del gobierno federal, han resultado en un modelo cuyas bases son varios aspectos de las reformas constitucionales y las leyes secundarias que han sido aprobadas. Me aboco al tema de telecomunicaciones y transparencia. Veamos algunas razones del proceso de erosión del derecho a la información, de la debilitada rendición de cuentas y de la transparencia como apariencia.
Primero. Fiel al sofisma priista, el modelo EPN busca recuperar el control del Estado en lo político sobre los medios digitales, dejando a las empresas informativas su libertad económica siempre que sus contenidos no rebasen el umbral de tolerancia del gobierno, con algunas excepciones en materia de crítica, bajo el argumento del ideólogo priista Jesús Reyes Heroles en el sentido de que “lo que resiste apoya”. O como dice el Maquiavelo de Joly: “Hoy en día, utilizar a la prensa, utilizarla en todas sus formas, es ley para cualquier poder que pretenda subsistir. Hecho muy singular, pero es así”. (Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu).
Segundo. Con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se da un trato diferenciado a las concesiones comerciales en relación con las de uso social o públicas. Las primeras pueden tener una concesión hasta por 20 años, y las segundas hasta por 15. Las estaciones comerciales no tienen límites para ser escuchadas por el mayor público de audiencia potencial. Los medios comunitarios e indígenas deben recibir frecuencias sólo en el “traspatio” de FM y AM.
Tercero. Con la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano se busca homologar contenidos en lo fundamental, dejando espacios de crítica en lo accesorio. Lo que se crea no es un órgano a imagen y semejanza de los estándares internacionales, pues las decisiones las toma el gobierno por tener mayoría en la Junta de Gobierno del Sistema, a la cual le asisten las principales atribuciones para vigilar que los medios públicos “cumplan sus fines”.
Cuarto. Se teme que a través de los medios comunitarios e indígenas puedan generarse redes de crítica y participación ciudadana, así como conductas que entren en colisión con el modelo de EPN. Por tal motivo, en la ley dichas emisoras son marginadas; se les reconoce jurídicamente sólo a cambio de que sean imperceptibles, aisladas y restringidas en lo económico, habida cuenta de los requisitos que establece la Ley de Telecom, muchos de ellos discrecionales.
Quinto. La alfabetización mediática prevista en la Ley de Telecom se convierte en un buen deseo, que separa la letra de la ley de la realidad posible. Hace recordar la frase virreinal de “acátese, pero no se cumpla”, con lo cual se alimentan la apatía, el miedo, la indiferencia y la falta de razonamiento crítico de la mayoría de la población, y ello a su vez favorece la existencia de un gobierno sin contrapesos.
Sexto. En la Ley de Telecom, a los medios de comunicación universitarios, ventanas usualmente abiertas a la crítica y a las diferencias de percepción y de criterio sobre una gran diversidad de temas, se les invisibiliza y condena a la desaparición o a una larga agonía al quedar prohibido el uso de recursos públicos para su mantenimiento.
Séptimo. En el ámbito de la transparencia se ha dado un largo salto regresivo desde el punto de vista legal y conductual, toda vez que la autonomía constitucional del IFAI quedó tocada por faltar a su compromiso con la sociedad y buscar quedar bien con los políticos que apoyaron las candidaturas de los comisionados que hoy forman parte de ese órgano. En un estudio que estoy realizando en materia de seguridad y procuración de justicia hice un gran catálogo de solicitudes en 2010, las mismas que volví a hacer hace tres meses, aunque esta vez tanto la calidad como la cantidad de las respuestas se redujeron en 45%.
Octavo. El sistema de gestión adoptado en materia de transparencia consta de cuatro ventanillas, dos en sede administrativa y dos en sede judicial, lo que orilla a los solicitantes a realizar una larga travesía para lograr respuestas satisfactorias a solicitudes de información pública en temas sensibles para el gobierno. Si antes los usuarios de las leyes de acceso constituían una cifra imperceptible, ésta será ahora más pequeña. En el mundo del absurdo, los mexicanos pagarán más para saber menos.
Noveno. La debilidad del tejido normativo sancionatorio abonará en perjuicio de los mexicanos que solicitan información y denuncian delitos pero que, como respuesta de la autoridad, obtienen silencio.
Décimo. La derogación de la figura de la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, permitiendo que el consejero jurídico de la Presidencia de la República pueda ahora acudir ante la Suprema Corte de Justicia para litigar la negativa a brindar información pública, cierra el círculo de este retroceso en perjuicio de la transparencia y la rendición de cuentas.
En síntesis, el modelo EPN apuesta a la forma sobre el fondo, a la recuperación del poder de la Presidencia bajo un esquema autoritario y a combatir todo espacio que critique a su gobierno. Bien lo dice Albert Camus: “Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo”.
ernestovillanueva@hushmail.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com

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