22/10/2014

presentación libro de Humberto Hernández Haddad sobre muerte de Colosio y Ruiz Massieu

Próximo miércoles 29 17 Hrs se presenta obra de Humberto Hernández Haddad sobre muerte de Colosio y Ruiz Massieu en el IIJ UNAM. Se obsequiarán 10 libros a los primeros asistentes
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2014/1029/

15/10/2014

¿Narco académicos en la UNAM?



Enrique Carpizo[1]

Resultó para mí una sorpresa la presunción de que pudieran existir narco académicos. Y más todavía me pregunto: ¿En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bajo la dirección del Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional? ¿Hasta dónde llega la corrupción?

De entrada, el Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Raúl González Pérez, acusado de presunto plagiario de una obra intelectual de mi autoría. Él se defiende con denuestos contra mí. Y con el apoyo de un tercero, que es el albacea de su hermano, el Dr. Jorge Carpizo, quien, además, se encuentra presuntamente relacionado con tráfico de influencias para gestionar la compra de unos terrenos en Cocoyoc a favor de varios miembros de su familia, con cargo a la UNAM. Por fortuna,  yo soy lejano, muy lejano a la corrupción. Por si lo anterior no fuera suficiente,  el Rector José Narro -en múltiples medios- avala los calificativos esgrimidos en mi contra en un boletín oficial. Por primera vez en la historia universitaria viola una medida cautelar a favor de la dignidad humana. Peor todavía,  posteriormente se descubre que al parecer no tiene maestría ni especialidad, lo cual, de comprobarse, sería una gran falta a la moral pública.

Ahora -por si fuera poco- un académico "renombrado" Diego Valadés Ríos -a decir de un reportaje de investigación signado por Ernesto Villanueva- está presuntamente involucrado con el Cártel de Juárez. ¿Qué pasa? Urge que la UNAM responda: 1. ¿Hay o no plagio de mi obra intelectual? si no lo hubo ¿Por qué no liberan la investigación para que yo, su autor, la use conforme a derecho? 2. ¿Compraron o no con recursos públicos universitarios los terrenos ubicados en Cocoyoc, Cuernavaca, Morelos, a nombre de tres familiares de Carlos Carpizo Mag gregor o hubieron planes frustrados de ello? 3. ¿Existe o no una red de narco académicos en jurídicas de la UNAM? 4. ¿Los juristas valadesianos son parte del presunto grupo de narco académicos?
5. ¿Debe renunciar o pedir licencia Valadés Ríos a la UNAM mientras aclara el tema del otorgamiento de una credencial a un presunto narcotraficante y justifica que todo su dinero y patrimonio es lícito, además de no ser narco académico? 6. ¿Qué opina Pedro Salazar, actual Director de Jurídicas de la UNAM, quien apoya a Diego en pago a su designación como Director y por eso recluta firmas en defensa de este personaje, en lugar de ser neutro y emprender acciones que recuperen la imagen de la institución?

Todo lo expresado se presume y cada vez  parece tener sustento, sobre todo ante el silencio universitario y el presunto apoyo de algunos académicos y funcionarios públicos. La situación de México no da para valientes,  pero sí para quienes estamos comprometidos con la nación, no puede haber lealtad sin compromiso y muchos asumen lealtad para luego ser víctima del "no tengo compromiso contigo, tú te metiste porque quisiste, es más ni te conozco". Generar empatía a través de la narco academia -si es que existe- demerita a personas de buena fe. Éstas solamente debieran pedir respeto a su derecho a conocer la verdad. Sin embargo, las supuestas redes de corrupción del equipo del Rector Narro generan nostalgia por la UNAM, cuyo Instituto de Investigaciones Jurídicas respira la soberbia de quienes poco a poco han cedido en favor de la impunidad y la ambición por acceder a cargos públicos o generar recursos de donde se pueda. Estoy convencido de que podemos hacer mucho sin estar en la nómina del Estado o de la alta burocracia universitaria. 

El egocentrismo empaña la objetividad de algunas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y muestra el nombre, apellido y firma de los que además empujan hacia el inminente precipicio de la mediocridad y de la presunta delincuencia organizada. Por fortuna en la UNAM y en ese Instituto existen académicos con verdadero renombre que emprenden actos de denuncia pública y universitaria en aras de sanear a la Universidad.

Me pronuncio en pro de la rendición de cuentas y la aclaración de hechos que manchan la reputación universitaria. ¿Qué opinan los estudiantes y académicos de esto? Comprendo que no todos son sospechosos de corrupción, pero si algunos, quienes deberían  abandonar el territorio Puma sin oportunidad de regreso, ¿Cuáles? los que resulten responsables. Es una vergüenza que en hechos sangrientos o cuestionables como los casos Colosio, Ruiz Massieu, Posadas Ocampo, Vicente Carrillo Flores, entre otros, por coincidencia, esté presuntamente involucrado ese grupo tildado de presunta narco academia. Debo aclarar que mi cercanía con Jorge Carpizo fue académica, por lo que mi lealtad y respeto hacia él la brindo a su memoria, no se traslada a otra persona o personas. Él me advirtió que si quería estar cerca debía alejarme de mucha gente que Jorge consideró incorrecta, su muerte imprevista impidió que yo supiera con exactitud a qué se refería. Los hechos urgentes de investigar para saber la verdad me dicen que Jorge tenía razón en protegerme, fueron 7 años a su lado y nunca entendí porque me impidió participar con los ideólogos más importantes de Jurídicas y algunos familiares nuestros.

Se debe pedir transparencia y rendición de cuentas por una Casa de Estudios que, al parecer, se está hundiendo sin resurgimiento. Muchos opinan que debo callar porque algunos universitarios interesados y un pariente lejano opinan que estoy deprimido y eso puede auspiciar la coartada perfecta para atentar contra mi vida y fingir la existencia de un suicidio o de un accidente.  Me es grato que ya pudimos crear el Observatorio Ciudadano de los Derechos de los Universitarios, figura inédita en la UNAM de contrapeso institucional, y un espacio independiente desde donde se puede hacer más que con las instituciones a modo que hay dentro y que debemos cambiar.









[1][1] Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

13/10/2014

Diego Valadés y el Cartel de Juárez



El mundo al revés

Ernesto Villanueva

Columna publicada originalmente en el Diario Noroeste, Sinaloa el 13 de octubre del 2014

Lo prometido es deuda. Dije que iba a seguir con el tema de Diego Valadés Ríos. Y aquí estamos. Pensé que Valadés Ríos era sólo un personaje que predicaba una cosa y practicaba otra; y que el ejercicio de sus prácticas de corrupción, para alguien que se ve a sí mismo vestido en una túnica blanca y a unos centímetros del piso para no contaminarse, formaban parte las acciones que por comunes no son menos ilícitas o, al menos al margen de la ética pública. Resulta que no es el caso, mientras más investigo encuentro más datos relacionados  presumiblemente de este “distinguido” sinaloense, guía ética de El Colegio de Sinaloa. Veamos.
Primero. La captura del presunto narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, jefe del Cartel de Juárez, ha puesto en la agenda pública algunos datos  que habían pasado inadvertidos. Diego Valadés decía textualmente en las palabras de inauguración del Quinto Congreso de Derecho Constitucional Estatal: “Hay una obra muy importante, paradójicamente poco citada de Platón; normalmente cuando hablamos de Platón nos referimos a La República , pero hay una obra que se llama El Político o El Estadista, según la traducción, en la que describe justamente los ciclos del cambio y utiliza, como era frecuente en Platón, las metáforas que le vienen a la mente para hacer más claramente perceptible aquello a lo que se quiere referir y señala que cuando un cuerpo gira en un sentido y, en determinado momento, debe girar en un sentido inverso, justamente porque se está dando un cambio en su ciclo, hay un momento, un breve instante, en el que ese cuerpo se detiene, por fuerza, antes de comenzar a girar en el otro sentido, antes de que se produzca el cambio de ciclo.” ¿Qué quiso decir?

Segundo. ¿Habrá hablado Diego Valadés de sí mismo en “metáfora” como lo mencioné en el apartado anterior sabiendo cuando cambiar de bando por dinero o interés o ambos? Resulta que el 27 de abril de 2003 en una espléndida nota de Luis Cano para El Universal  (http://www.eluniversal.com.mx/nacion/96108.html) se da cuenta que el FBI en El Paso Texas encontró una credencial expedida a Vicente Carrillo que dice: "La presente acredita la personalidad del C. Jorge Miramontes Álvarez con cargo de primer comandante de la Policía Judicial Federal". Enseguida señala su RFC: MIAJ 531002; el área, Dirección General de la Policía Judicial Federal; la certifica con su firma el oficial mayor de la PGR, Javier Dueñas García, y la autoriza el Procurador General de la República, Diego Valadés. La firma parece ser la del “ideólogo constitucional”. Tendrá, sin embargo, que ser un perito en grafoscopía para determinar si la firma de la credencial proviene del puño y letra del ex procurador general de la República y próximo investigador “emérito” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con todo, son de llamar la atención dos hechos: a) Valadés no mandó ningún desmentido a El Universal, que hubiera sido indispensable, no sólo adecuado, para quedar libre de sospechas o al menos desmarcarse. Por el contrario, de haber firmado la credencial de referencia sería casi imposible que Diego Valadés no supiera de este hecho delictivo. Más porque el artículo 77 del Manual de Organización, Políticas y Procedimientos Generales de la Policía Judicial Federal desde 1988 (con mayores candados en 1994) a la letra dice: “Para ocupar el cargo de Primer Comandante, además de los requisitos previstos en los párrafos anteriores, se requiere: I. Ser mayor de 30 años. II. Tener antigüedad mayor a 5 años al servicio de la corporación y III. Haber destacado en sus labores como segundo comandante”; b) Es de sorprender que la credencial de Vicente Carrillo la firmara personalmente Diego Valadés, como Procurador General de Recursos y no el director de recursos humanos, como es lo usual. ¿Sería posible pensar, si la firma de Diego Valadés fuese autógrafa, que no sabía nada con tantos candados y filtros de control? ¿O es posible pensar que estaba en tratos con ese Cartel porque representaba dinero del que está probado es tan afecto? 
Tercero. La nota de El Universal concluye afirmando que el FBI encontró otras cosas que nunca fueron revelados de “presuntos narcotraficantes”. Comparto un dato que no se ha dado a conocer a la opinión pública: La Cuenta Número  78811690  del Comerica Bank con sede casualmente en Texas con Record ID: 485bb72d6aaf38d78dcaf716ecac2d1 y la de inversión Record ID: 6853319836b6b0693d0003943931fcc5 a nombre nada más y nada menos que de Diego Valadés Ríos con saldos de 7 ceros como dicen los americanos. ¿Será una desafortunada coincidencia y pertenece a un Diego Valadés Ríos que no se trata de quien es el ejemplo moral de una parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM? Mientras se aclaran estas aparentes confusiones, ¿no debería pedir Diego Valdés Ríos licencias a todas los colegios y dependencias donde cobra recursos públicos para evitar dañar la imagen institucional de esas instituciones? ¿De confirmarse que la cuenta sí es del “distinguido universitario” sinaloense habría pagado sus debidos impuestos en México o en Estados Unidos? ¿No estaremos ya en una nueva fase donde la academia y los académicos de “gran prestigio” pudieran también haber sido penetrados por el narcotráfico y que el presumible caso de Valadés no fuere la única excepción? Seguiré con el tema con nuevos datos debidamente verificados, porque apenas empezamos esta historia que tiene todavía muchos elementos de información de interés público. Bien lo ha señalado Aldous Huxley: “Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje.” Aclaro que no estoy enfermo, ni deprimido ni tampoco mi familia y mis hijos, por si “por mala suerte” (Malova dixit) pasa algún accidente colectivo o personal que atente contra nuestra integridad física, será con los saludos de Diego Valadés Ríos, el que se presenta como  “ideólogo” constitucional.  
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com

10/10/2014

Derechos universitarios

Ernesto Villanueva

publicado originalmente en Proceso Digital el 9 de octubre del 2014
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La semana pasada se integró el Observatorio Ciudadano de los Derechos de los Universitarios (www.ocdu.org.mx) conformado por profesores e investigadores de la UNAM. Es un movimiento inédito en la Máxima casa de estudios por las razones siguientes:
Primero. No está compuesto por estudiantes, no reivindica ningún caso circunstancial, sus miembros no usan pasamontañas ni recurren a acciones que pueden bordar los márgenes de la ley en sentido formal. Por el contrario, se trata de un grupo de profesores, todos con posgrado, maestría y/o doctorado que salen a la luz pública para fortalecer a la UNAM mediante la identificación, denuncia y seguimiento de casos de corrupción y/o violaciones de los derechos humanos de la comunidad universitaria. Hace las veces de un contrapeso institucional que no busca – como siempre se trata de estigmatizar las movilizaciones que se hacen sin la orden o autorización de las autoridades- “desestabilizar” a la Universidad Nacional porque se hacen públicas acciones presuntamente ilícitas con pruebas o indicios razonables documentados en la mano. El viejo refrán de que “la ropa sucia se lava en casa” es un llamado a la opacidad, a la resignación y a que corrupción y violación de derechos humanos se conviertan en un círculo vicioso porque gira sin cesar para que nadie se entere de lo que pasa intramuros. La UNAM es un organismo público paraestatal que depende del Ejecutivo Federal con autonomía legal únicamente para su régimen interno, pero quien paga su existencia es la sociedad entera. “La ropa sucia se lava en casa” es una modalidad del adagio político mexicano de que en México “el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad”.
Segundo. Es natural que un movimiento como el Observatorio que apela a la Constitución, las leyes y la legislación universitaria como sus principales referentes de acción, genere incomodidad en las zonas de confort de quienes se han acostumbrado a suplir la ley por los usos y costumbres porque resulta más cómodo y se ha vuelto una subcultura de la simulación y porque como diría la frase clásica de Peña Nieto “la corrupción es una condición cultural”. No creo que la corrupción sea un destino fatal de la sociedad y sólo quede entrar, si es posible, o ver con resignación cómo las instituciones se corrompen por estas prácticas como un cómplice silencioso y resignado. En el Observatorio se busca, por una parte, dar voz a quien no la tiene, ser el canal de comunicación de la inmensa mayoría que no tiene acceso a los medios ni a las instancias para que denuncien casos de presunta violación de derechos humanos por autoridades, profesores o investigadores universitarios y sean rápidamente investigadas y, en su caso, debidamente castigadas. En una palabra, se busca generar esperanza para esa gran parte de la comunidad que considera que acudir a las instituciones para denunciar lo que considera un atropello a sus derechos humanos es una pérdida de tiempo y, peor, causa de represalias y de una revictimización. El silencio, todavía se piensa, es lo único que queda. Esto no se puede quedar así sin voces que digan: ¡No! Como lo hace el Observatorio que actúa con la Constitución y la ley en la mano y la voluntad de hacerlo pro bono (sin pago) en ayuda de quienes menos tienen.
Tercero. Las obligaciones de información de oficio que prevén el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia no son cumplidas por la mayor parte de Escuelas, Facultades, Institutos, Centros y otras dependencias de la Universidad, lo que impide a quien paga los sueldos de funcionarios y académicos conocer cómo, en qué, por qué y para qué se destinan recursos del pueblo, aceptando en el mejor de los casos los actos de fe, de que todo se hace bien y no hay de qué preocuparse, como si se trata de un asunto religioso donde el dogma de fe es piedra angular de su acción. Eso no se puede apelar por quienes son servidores públicos. Si todo lo previsto en la ley se transparenta, la Universidad se fortalece y gana el apoyo social de que siga siendo una institución pública capaz de ejercer con responsabilidad y prudencia su autonomía. Si se detectan algunos elementos que hacen mal uso del dinero de los mexicanos hay que identificarlo y sancionarlo. Es evidente que en ninguna parte del mundo hay cero corrupción. La enorme diferencia reside en que en las democracias avanzadas si es detectada se sanciona ejemplarmente, y en otras partes se deja que siga gozando de cabal salud, lo que genera incentivos para que sea un espacio donde no pasa nada. Ese es el reto. No es nada fácil. Pero tampoco es imposible de que la ley y la conducta regulada transiten por un mismo sendero. Esa es la apuesta de este naciente Observatorio.
ernestovillanueva@hushmail.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com

8/10/2014

Réplica y contrarréplica de mi artículo "Opacidad y autoritarismo universitario"

Señor director:
En ejercicio del derecho de réplica que consagran los artículos 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, le solicitamos se publique la siguiente respuesta a la colaboración de Ernesto Villanueva, con título “Opacidad y autoritarismo universitario”, que el 25 de septiembre de 2014, se publicó en la edición en línea de la revista Proceso, que usted dirige.
La colaboración contiene diversas aseveraciones sobre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre su director y sobre algunos de sus más distinguidos integrantes, que por ese solo hecho tendrían que estar apoyadas en evidencia irrefutable, pero el autor no ofrece ninguna. Nos preocupan particularmente dos afirmaciones:
– Que un solo universitario puede imponer su voluntad en los procesos de designación de directores en la UNAM es una afirmación que no tiene sustento alguno, si tomamos en cuenta que esa designación es resultado de la participación compleja y plural de la comunidad universitaria ante diversas autoridades y cuerpos colegiados en distintos momentos.
– Que se pretende “hacer del IIJ UNAM una instancia cercana a lo que se conoce como lavado de dinero…” es una afirmación que, además de revelar supina ignorancia sobre el tipo penal de “lavado de dinero”, desconoce por completo los procesos de revisión y fiscalización, interna y externa, que se aplican a los ingresos y gastos de la UNAM, así como a los del Instituto Nacional Electoral. En la UNAM todo proyecto de colaboración con instituciones externas se sustenta en un convenio y el ejercicio de los recursos implicados es objeto de fiscalización y control legal permanentes.
Si bien los insultos muestran la cultura de quien los profiere y no merecen respuesta alguna, la situación es distinta cuando se señala, sin fundamento, la existencia de conductas delictivas a cargo de personas que gozan de buen nombre, aprecio y reconocimiento en nuestra comunidad académica, poniendo también en entredicho a nuestra Universidad y a sus autoridades. No podemos permanecer indiferentes, ni lo haremos, ante estas graves acusaciones, de las cuales deberá responsabilizarse su autor, si alguna ética personal y profesional queda todavía en él.
Adriana Berrueco García, Adriana Pérez Rodríguez, Alberto Abad Suárez Ávila, Alfredo Sánchez Castañeda, Andrea Pozas Loyo, Arcelia Quintana Adriano, Ariadna Coquis Velasco, Arturo Anzures Martínez, Arturo Manjarrez Mosqueda, Arturo Oropeza García y 98 firmas más.
Respuesta de Ernesto Villanueva
Señor director:
En relación a la carta de réplica sobre mi artículo “Opacidad y autoritarismo universitario”, quiero hacer las siguientes precisiones:
1. Jamás me referí a la figura legal de lavado de dinero, ni mi texto tiene aseveración de ello. Por el contrario mi texto está en sentido figurado para que el lector promedio tuviera idea de qué estoy hablando y prueba de ello es la palabra “cercano” que de acuerdo al Diccionario de Lengua Española de la Real Academia significa: “que dista poco en el espacio o en el tiempo”. Se señala que los convenios que tiene el IIJ UNAM son fiscalizados y sujetos a auditorías. Eso es un dogma de fe, porque no hay acceso público a esos documentos. Más aún, tan estuvo mal lo que hizo el área de derecho electoral y que motivó mi afirmación, es que todos los candidatos que perdieron según el IIJ e impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ganaron sus demandas y en otros casos se ordenó la integración de equipos de expertos ajenos al IIJ UNAM a efecto de que revisaran el trabajo del propio IIJ. Estos expertos llegaron a conclusiones distintas al revisar el mismo ensayo. Cabe decir que en el examen practicado por CENEVAL a los candidatos a consejeros no hubo un solo cambio.
2. Jamás dije que una persona designe al Director. Eso sería absurdo. Señalé que Diego Valadés “jugó un papel de estratega del actual director ante las autoridades”.
3. De igual forma la afirmación de que “esa designación (la del director) es resultado de la participación compleja y plural de la comunidad universitaria ante diversas autoridades y cuerpos colegiados en distintos momentos” es en verdad un galimatías, porque no hay procesos transparentes e imparciales para nombrar directores en la UNAM y la última palabra la tiene el Rector y la Junta de Gobierno.
4. Me alegro que por vez primera las cosas públicas se discutan en público y que miembros del IIJ UNAM salgan a debatir. Ojalá apoyen que se hagan públicos los proyectos del Instituto, desglosando montos y cuánto se destina a los investigadores y cuánto se queda la dirección. Esto sólo como punto de partida de una transparencia que hoy no existe.
Atentamente
Ernesto Villanueva

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