15/8/2014

Entrevistas publicadas en La Jornada realizadas al catedrático Héctor Pérez Pintor: "Debilidad del IEM y el TEEM sólo un reflejo de la clase política" y "La reforma político-electoral preserva la hegemonía de los partidos" por Daniel Díaz.

Debilidad del IEM y el TEEM, sólo un reflejo de la descomposición de la clase política: académico

01 agosto, 2014 | Categoría: Política |  Edición Impresa

• No ha entendido que su función tiene que ver con una razón de Estado, refiere

Daniel Díaz

La “debilidad institucional” de los órganos autónomos como el Instituto Electoral (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) es tan sólo un reflejo de la “descomposición de la clase política” que existe en el estado; sin embargo, de esta “debilidad” no escapan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aseguró el catedrático de Derecho Constitucional Héctor Pérez Pintor.

En entrevista, aclaró que los órganos electorales son tan sólo una muestra de la “debilidad institucional” que existe en los tres Poderes del Estado, donde no hay institución que escape a esta condición.
“La desvirtuada clase política no ha entendido que su función tiene que ver con una razón de Estado; creo que esta posibilidad se ha diluido por una cuestión de intereses de carácter estrictamente partidista que se refleja en el hecho de pretender preservar su espacio y de la forma en que debilitan las instituciones”, subrayó el catedrático del posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Agregó que para el poder central –“y autoritario”– que representa el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ha sido fácil su entrada y el control que viene teniendo sobre el gobierno estatal, porque a su llegada lo que encuentra es un “estado debilitado”, donde no se toma en cuenta al Poder Legislativo y el Poder Judicial se “ningunea”.

Esta “debilidad”, insistió, se está reproduciendo en todas las instituciones, como por ejemplo las educativas, caso concreto la Universidad Michoacana; “esto no es deseable pero es claro que no están exentas de toda la descomposición política, es decir, padece necesariamente de algún tipo de debilidad institucional en el tema presupuestal, en sus sindicatos, etcétera”.

Algo similar sucede en la sociedad, sostuvo, donde se ha registrado la presencia de grupos organizados que “suplantaron” las funciones del Estado, como en su momento sucedió con los grupos de autodefensa; esto es consecuencia de la “falla del Estado de bienestar”, que ante los vacíos de poder que va dejando en diversas regiones éstos han sido llenados por la delincuencia organizada, que en muchos casos se constituyó en una “instancia” que resolvió litis en materia mercantil, familiar o civil.

Precisó que para entender la “debilidad institucional” de los órganos electorales se tiene que voltear más atrás de la elección de 2011, es decir, al momento en que fueron elegidos por los mismos actores políticos que participaron en el proceso electoral, lo que hace entendible el porqué de la sujeción hacia los intereses de los partidos políticos.
“Lo que tenemos ahora son instituciones débiles que le siguen el juego al poder, para dejar hacer o dejar pasar, es decir, garantizan lo mínimo que está establecido en la norma para evitar meterse en problemas arguyendo que es la norma la que no les permite ir más allá, como por ejemplo en el tema del origen de los recursos (en la campaña de 2011)”, señaló.

Finalmente, aclaró que no se trata de un “contubernio” entre los integrantes de los órganos electorales con los partidos políticos y con la delincuencia organizada, pues lo que hay es una clara omisión en algunos casos y una innegable “debilidad institucional”.


La reforma político-electoral preserva la hegemonía de los partidos: catedrático

27 julio, 2014 | Categoria: Política |  Edición Impresa
• Su diseño impide la participación plena de la ciudadanía, asevera Héctor Pérez

Daniel Díaz

La armonización de las leyes locales con las federales en materia político-electoral no representa el paso de un sistema a otro, sino más bien un “cambio nominal” en el que se dota de nuevas atribuciones al Instituto Nacional Electoral (INE) que anteriormente el Instituto Federal Electoral (IFE) no tenía; además, se trata de un diseño constitucional elaborado desde la lógica de los partidos políticos para impedir la participación ciudadana plena y mantener su hegemonía.

En entrevista con La Jornada Michoacán el catedrático de Derecho Constitucional del Doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Héctor Pérez Pintor, aseguró que los cambios a leyes secundarias –un nuevo Código Electoral y una Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana– bajo este diseño constitucional son “menores” debido a que los partidos políticos hacen lo posible por llevar este tipo de reformas al límite de los tiempos legales establecidos y donde el interés por la sociedad es lo que menos importa.

Agregó que es claro que la participación plena de la ciudadanía no está garantizada –con la armonización aprobada el pasado 30 de junio por la 72 Legislatura– porque el diseño constitucional que hacen los partidos políticos tiene como objetivo los procesos electorales –y las prerrogativas que reciben incluso durante los años que no hay elecciones–, mas no el fortalecimiento de una cultura democrática que está más allá de los procesos electorales.
De cualquier forma, destacó que existe un cambio en el tema de las atribuciones que ahora tendrán los órganos electorales, pero ello no quiere decir que se esté dando –o que se haya dado– una “gran revolución” en las instituciones electorales del país o del estado, muchos menos en el tema de la participación de la sociedad que queda limitada.

“No hay un gran cambio, pues todo parece que lo que se entiende por democracia para los actores políticos del país y el estado se reduce a las elecciones; es decir, la reforma constitucional federal y la armonización que se hace en el estado se basa en que la democracia termina y empieza en un proceso electoral”, criticó.

Éste es, aseguró, el principal problema que se tiene, porque esta perspectiva limita la participación de la ciudadanía, de ahí que considere necesario un “vuelco” en la construcción de la incipiente democracia, si es que esto es lo que se desea. “Si uno nota, casi todas las normas se reducen a la cuestión electoral, cuando se analiza el sistema de partidos, el acceso a radio y televisión, los mecanismos de fiscalización, etcétera, todo tiene que ver con el proceso electoral”.
Candidaturas ciudadanas: bajo el monopolio partidista

Por otro lado, las candidaturas independientes sí se encuentran contempladas en la armonización de las leyes locales con las federales, pero como una figura de participación en los procesos electorales, lo cual de entrada es importante; sin embargo, se requieren mecanismos más efectivos como los presupuestos ciudadanos o las contralorías sociales, es decir, instrumentos con los que la ciudadanía sea parte de los órganos de gobierno y de la toma de decisiones.

“Creo que por interés de los partidos políticos no le han entrado a estos temas, pues el diseño que hacen es a regañadientes. Por ejemplo, las candidaturas independientes se prevén como un derecho de todos los ciudadanos, pero al momento de establecer los requisitos te ponen las trabas que más puedan”, cuestionó.
Desde la lógica de los partidos políticos, agregó, todo está sujeto a su interés; empero, esta situación no es algo que debería asustar, siempre y cuando lo hicieran bajo reglas absolutamente claras, pero con las últimas reformas esto queda en duda.

Señaló que pese a que ya se encuentra regulada esta figura en la reforma en materia político-electoral, ésta se ubica bajo el monopolio de los partidos políticos, el cual se hace evidente si se examinan los requisitos que difícilmente un ciudadano común podría cumplir.

“La participación ciudadana está acotada; sí está en la ley y sí podrá haber candidatos ciudadanos para gobernador, para diputados de mayoría relativa, lo mismo que en las planillas de los ayuntamientos, pero es un absurdo el tema de los porcentajes, pues los requisitos pudieran parecer más fáciles para la construcción de un partido político que en el de las candidaturas”, subrayó.

Asimismo, aseguró que tal como quedaron reguladas en la ley electoral en el estado, existe claramente la posibilidad de que los que puedan participar cuenten con recursos o financiamiento no claro para sus campañas; “esto desalienta la participación que genuinamente pueda haber en ciudadanos”, añadió.

Pérez Pintor consideró que no existe otra forma para trabajar en la consolidación del sistema democrático en el país más que incluyendo nuevos mecanismos de participación ciudadana que vayan de la mano con una educación de la ciudadanía que pasa por la participación electoral, pero que no se queda ahí, en la jornada electoral, sino que va más allá.


Finalmente, sostuvo que el resultado de la armonización de la reforma político-electoral en el estado es un claro ejemplo de que los partidos políticos continúan manteniendo su hegemonía, es decir, “cambiaron todo para que todo siga igual”.

28/7/2014

Si Peña Nieto está enfermo…



Publicado originalmente en el Semanario Proceso el 13 de julio de 2014.
A Jorge Witker en sus 40 años de vida académica
El tema relativo a la salud de quienes ejercen el poder en el país y, paralelamente, el relacionado con el derecho a saber de la sociedad, se encuentran en constante tensión en nuestro entorno: Tal pareciera que en estos terrenos no hay puntos medios o zonas de grises, sino blancos o negros. Aquí, el interés reside en la presencia de casos, por ejemplo, de gobernadores y legisladores –recuérdese el de Fausto Vallejo en Michoacán y el del fallecido senador Alonso Lujambio– cuyos problemas de salud tuvieron un severo impacto en sus gestiones públicas. Lo anterior trae a cuento las insistentes versiones en el sentido de que ahora es el propio presidente de la república, Enrique Peña Nieto, quien padece una enfermedad grave. Veamos.
Primero. Quienes sostienen que la salud de ciudadanos que ejercen altos cargos públicos debe ser un tema vedado a la sociedad basan su postura en razones como las siguientes: a) Se trata de un dato personal que debe clasificarse como confidencial, de acuerdo al mandato del artículo 16 constitucional, párrafo primero y segundo, y a lo dispuesto por la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares; el expediente médico se encuentra en el núcleo de protección más sensible de la persona, de ahí que no puede ser vulnerado; b) tener acceso a ese dato y tomar decisiones en función del mismo implicaría un acto de discriminación previsto en la Constitución (“queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”); c) dar a conocer el estado de salud de quienes ejercen el poder genera confusión, resta poder y disminuye la eficacia de las funciones gubernativas.
Buena parte de la comunidad abreva de una o de todas las anteriores razones para sostener incluso que un gobernante enfermo es un “héroe” o “heroína” que debe recibir toda la estima y reconocimiento de la sociedad porque hace un doble esfuerzo por cumplir sus funciones públicas.
Segundo. Mi posición sobre este polémico tema se encuentra exactamente del lado contrario a los argumentos esgrimidos líneas arriba en virtud de que a) se trata, en efecto, de un dato personal pero que no necesariamente debe ser confidencial. La propia Constitución da una salida a esta disyuntiva cuando en el citado artículo 16 constitucional dispone que la ley de datos personales “establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. ¿Alguien podría imaginarse, por ejemplo, al exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo siendo el presidente del consejo de administración de una compañía privada? Claro que no, porque su estado de salud afectaría los bolsillos de la empresa, así que dicho consejo o la asamblea de accionistas jamás permitirían que se atentara contra su capital. Esto mismo es aplicable a la esfera pública: un gobernante con una enfermedad que impacte en su capacidad para tomar decisiones vulnera el destino, la seguridad y la estabilidad de los gobernados; b) tener acceso a la información en supuestos como los indicados no sería un acto de discriminación porque no se estaría afectando sólo el derecho y la libertad de una persona, sino la de un grupo. El caso de un piloto aviador afectado por una enfermedad que lleve a impedirle maniobrar una nave para transportar a un grupo de personas de un lugar a otro no es indicativo de que está siendo discriminado, sino restringido en su libertad personal porque puede afectar los derechos de los demás a la vida y a su integridad. En los regímenes políticos autoritarios, los gobernantes echan mano de este argumento, pero con el fin de evitar la rendición de cuentas y su responsabilidad frente a los electores.
Tercero. No propongo que se abran al público los expedientes médicos de los gobernantes, sino sólo aquellas partes que contengan datos inequívocos de que un problema de salud pueda afectar la seguridad, integridad y la gobernabilidad de un país, de una entidad federativa o de una toma de decisiones que involucre en forma directa o indirecta a la población. En Estados Unidos, o bien en Colombia o Costa Rica para hablar de países cercanos culturalmente al nuestro, una apertura de esta naturaleza es perfectamente posible pues no se considera ajena a la vida democrática; antes bien, se toma como un saludable indicador de responsabilidad política. El lastimoso argumento del “héroe” o la “heroína” enfermos que siguen gobernando pese a su precaria salud es producto de la ignorancia. No hay por qué dispensar honores a quien irresponsablemente ejerce un alto cargo público en perjuicio potencial de la sociedad; debe llamársele a cuentas para que responda por sus actos y, eventualmente, proceda a renunciar o dimitir de sus funciones por razones de seguridad e interés públicos. De acuerdo con esta lógica, es necesario que en las leyes electorales del país se establezcan requisitos de salud como vías de ingreso a la función pública; por ejemplo, la realización de exámenes a cargo de un panel independiente de médicos de alto nivel que difícilmente expondrían su prestigio para transar con un candidato.
En otros países la ética personal y la intolerancia ciudadana a la simulación suplen lo que aquí debe hacerse por ley con todos los candados posibles. Los casos confirmados en México, que empezaron como rumores muchas veces “desmentidos” y al final tuvieron que ser aceptados sólo por la fuerza de la evidencia (Vallejo, Lujambio), son avisos reiterados de que los ciudadanos y quienes hacen las leyes no podemos seguir cruzados de brazos viendo cómo se antepone el interés y la ventaja política personal en perjuicio de la comunidad.
@evillanuevamx

7/7/2014

Sobre "Corrupción en el iFAI" réplica de Jacqueline Peschard y respuesta de Ernesto Villanueva publicadas en Proceso 1966 que circula esta semana

Señor director:
El 22 de junio pasado, en el número 1964 de la revista Proceso, a su digno cargo, Ernesto Villanueva escribió un artículo titulado Corrupción en el IFAI, en el que miente sistemáticamente y se refiere a mi persona como expresidenta comisionada del IFAI con calificativos denigrantes y difamatorios que carecen de fundamento. Es cierto que utiliza información oficial, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero siempre incompleta y sesgada.
Al referirse a la adquisición del inmueble del IFAI en 2012, durante mi gestión como comisionada presidenta, afirma que aunque el costo del edificio fue de 490 millones de pesos, el instituto comprometió 683.7 millones, es decir, “una variación importante” respecto del costo original, afirmando que por ello “hay indicios razonables de que Peschard se sirvió con la cuchara grande para tener probablemente sustanciales ahorros al margen de la ley”.
La falsedad de Villanueva no está en las cifras, sino en su afirmación de que se trató de una “variación” en la operación de compra. Me explico: De acuerdo con el avalúo realizado por la institución encargada de los mismos para el gobierno federal, el Indaabin, el costo del inmueble ascendía a 490 millones de pesos; sin embargo, el proyecto de inversión, que fue autorizado por la SHCP, previa elaboración del Análisis de Costo-Beneficio, incluía el acondicionamiento del edificio por 108.9 millones, más el pago de impuestos por 22.4 ( ISAI) y 62.3 (IVA por construcción) millones, que explican el total de 688.7 millones.
En otras palabras, no hubo costo adicional alguno ni variaciones en el precio, sino cifras desagregadas, siempre incluidas en la operación del arrendamiento financiero, que fue el esquema de compra aprobado por la SHCP. El arrendamiento financiero se realiza mediante subasta para obtener el crédito más bajo en el mercado, además de que asegura que los servidores públicos de la entidad involucrada, en este caso el IFAI, no manejen dinero alguno.
Villanueva miente al revisar el informe de la ASF de 2012 porque sostiene que para los servicios de logística y traslado al nuevo inmueble se contrató a una empresa cuyo objeto social no amparaba la prestación de dichos servicios, además de que se debió hacer una licitación pública internacional con testigos sociales. Al momento de suscribir el contrato, la empresa contaba con facultades para celebrar la mencionada contratación con el IFAI, según el Acta de Accionistas de la misma, y era innecesaria la licitación pública porque el monto del servicio amparado era inferior a 1 millón 500 mil pesos.
Villanueva sigue mintiendo al afirmar que “falsifiqué” una cotización de servicios al no haber realizado la invitación a cuando menos tres personas, siendo que el IFAI acreditó haberlo hecho a través del Sistema Compranet, que es el medio a través del cual todas las dependencias y entidades del gobierno federal anuncian sus contratos y licitaciones.
Adicionalmente, Villanueva tergiversa la afirmación de la ASF sobre muebles y equipo no utilizado por el IFAI, sin considerar que la Auditoría realizó una visita de inspección y encontró que de 600 bienes muebles, 28 no estaban aún asignados. Dicha observación fue solventada y la documentación fue remitida a la ASF para su consideración.
Es preciso destacar que a lo largo de todo el proceso de adquisición y ocupación del nuevo edificio del IFAI se siguieron puntualmente los procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el IFAI lo ha venido acreditando con evidencia documental ante la ASF. El procedimiento aún está en etapa de aclaraciones, y sólo una vez que ésta concluya se tendrán resultados definitivos.
Villanueva sostiene que la ASF determinó que ante sus observaciones el Órgano Interno de Control del IFAI iniciara las investigaciones pertinentes y, en su caso, diera curso al procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos. Esa es efectivamente la secuencia que debe seguirse a fin de fortalecer el control sobre el ejercicio de los recursos públicos, pero ello no implica que haya habido desvío de recursos en la adquisición del edificio del IFAI. Son procedimientos que se activan y van desahogándose conforme se desarrollan las diferentes fases de la auditoría.
En suma, Villanueva me calumnia a partir de observaciones del Informe de la ASF que aún sigue en curso, debido a que falta considerar la documentación comprobatoria que ha entregado el IFAI para solventarlas. Sólo entonces podrán extraerse conclusiones definitivas.
No puedo pensar que el libelo de Villanueva sea producto de la ignorancia, sino de una clara intención de difamar, pues se refiere insistentemente al “IFAI de Peschard” como si no supiera que el órgano de dirección del instituto es colegiado y que es su Pleno el facultado para tomar todas sus decisiones. Resulta agraviante para los integrantes de un órgano de dirección colegiada que se refiera así a una institución que ha dado muestras fehacientes y reiteradas de un desempeño íntegro.
Atentamente
Jacqueline Peschard
Respuesta de Ernesto Villanueva:
Señor director:
Todos y cada uno de los datos citados en mi artículo provienen de las observaciones finales –no parciales o iniciales, y una vez recibidas y desestimadas las aclaraciones del IFAI– de la ASF sobre la auditoría practicada al instituto durante la gestión de Jacqueline Peschard, que a continuación detallo.
Primero. Sobre la variación del precio del inmueble, la Auditoría Superior de la Federación dice textualmente: “El IFAI comprometió alrededor de 683 millones 788 mil pesos para la compra del inmueble que es hoy su nueva sede y cuyo costo presenta una variación importante respecto de los 490 millones de pesos que, en primera instancia, la anterior comisionada presidenta (Jaqueline Peschard) había señalado como costo del inmueble”. Por esta razón la ASF ordenó al órgano interno de control ante el IFAI que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron el procedimiento de adjudicación directa para la contratación de servicio de traslado de mobiliario, no obstante que el proveedor contratado no incluía este tipo de servicio en su objeto social, además de que tampoco acreditaron las pérdidas y costos adicionales a que se refiere el artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que justificaran el ejercicio de esa opción”.
Segundo. En lo que concierne a la contratación de la empresa que no tenía como objeto social el traslado de bienes inmuebles, la ASF señaló de manera literal: “Al momento de suscribir el contrato (de traslado de muebles, celebrado el 29 de noviembre del 2012) no tenía contemplado dentro de su objeto social el servicio de traslado de mobiliario, lo cual se confirmó con un escrito de la empresa de 30 de noviembre del 2012”.
Tercero. Sobre la falsificación de una de las cotizaciones de las empresas invitadas a que se refiere la señora Peschard, la ASF indicó textualmente: “El representante legal (de la supuesta empresa invitada por el IFAI) mencionó que en ningún momento recibió solicitud de cotización del IFAI, ni en medio físico ni electrónico; al cuestionarle sobre el escrito presentado por el IFAI en el que la empresa que representa cotizó el mobiliario solicitado por el Instituto, informó que ni la persona que aparece como la que firmó la cotización, ni ninguna otra que labora en la empresa que representa recibió ni suscribió cotización alguna; asimismo, informó que tampoco recibió del IFAI la invitación al procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de invitación a cuando menos tres personas y por lo tanto tampoco participó en el mismo”.
Cuarto. Por cuanto hace a las irregularidades solventadas por el IFAI, la ASF señaló: “Se determinaron 10 observaciones de las cuales una fue solventada por la entidad fiscalizada (el IFAI) antes de la integración de este informe. Las nueve restantes generaron tres recomendaciones, ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones”.
 Quinto. ¿Por qué hablo de “el IFAI de Peschard”? Por la sencilla razón de que el artículo 20, fracción I del Reglamento Interior del instituto dice que es atribución del comisionado presidente “conducir la gestión institucional del IFAI”, y (fracción II) “representar legalmente a la institución”. Pues bien, en el periodo considerado la presidencia recaía precisamente en Jacqueline Peschard.
Por lo demás, la ASF en ningún momento felicita al IFAI en la gestión de Jacqueline Peschard por haber realizado prácticas administrativas ejemplares o modélicas, lo que hubiera sido esperable en la institución en la que descansaban la integridad, la honestidad y la transparencia del Poder Ejecutivo federal. Y no está de más subrayar que la auditoría practicada al IFAI contempló 26% de sus recursos. En suma, no sabemos qué habría pasado si se hubiera aplicado a 100% de los mismos.
 Aclaro que todos los señalamientos e impu-taciones que hago en mi artículo son, desde luego, datos y opiniones estrictamente apegados a la información oficial que tuve a mi vista.
Atentamente
Ernesto Villanueva

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