20 de ene. de 2015

Candidatos y estado de salud

Candidatos y estado de salud
Ernesto Villanueva
La realidad nos dice una y otra vez los costos de tener candidatos y gobernantes enfermos. Recuérdese a Fausto Vallejo Figueroa y a Alonso Lujambio. No sólo se da gato por liebre al elector, sino que se defrauda a la sociedad al hacer que los electores eligan a candidatos que, en principio, se presume gozan de todas las cualidades físicas y mentales para ejercer un cargo público. Ello, por desgracia, no es así. Lo ideal sería contar con candidatos y gobernantes sanos. En muchos casos no es posible ese escenario. Sí es posible, empero, que quenes deseen gobernar no tengan enfermedades incompatibles con el servicio público. Los partidos deberían solicitar como requisitos a sus candidat@s exámenes médicos físicos y mentales y una evaluación médica de aptitud para cumplir satisfactoriamente con las funciones del cargo público. Sobr ese tema he escrito en Proceso dos artículos http://www.proceso.com.mx/?p=316510 y  http://ernestovillanueva.blogspot.mx/2012/08/sobre-el-oasis-michoacano.html. Insisto en que es un tema que puede ser polémico y del que muchos prefieren mirar para otro lado. No obstante, la enfermedad que puede afectar el funcionamiento correcto del Estado tiene primacía claramente sobre el derecho a la vida privada de candidatos y gobernante por los intereses en juego. Habrá que ver cómo se comportan los partidos ante este asunto de interés público.

14 de ene. de 2015

Proceso

El mundo al revés
Ernesto Villanueva
Columna publicada originalmente en el diario Noroeste el 12 de enero del 2015

Por la muerte de Don Julio Scherer me he tomado la libertad de reproducir el texto que publiqué en Proceso en 1999 en las páginas de Proceso, a raíz de una de las más difíciles decisiones que tuvo que tomar el fundador de la revista: el nombramiento de Rafael Rodríguez Castañeda, como director y solución a la anterior dirección tripartita que no había funcionado. Aquí el texto íntegro:
La revista Proceso ha dejado de ser sólo un vehículo de intermediación entre fuentes informativas y receptores - aunque sólo sea por estos días- para convertirse en objeto noticiable en virtud de una reforma significativa en las formas y modos de dirigir esta publicación mexicana (N de la R: Se refiere a la designación de un nuevo director del semanario, el 23 de marzo). La trascendencia social de Proceso ha hecho que un asunto interno se haya convertido en un tema de interés público, de ahí la pertinencia de hilvanar algunas reflexiones sobre este hecho.
Uno de los principales méritos de Proceso es su contribución para que el derecho a la información del público previsto en el artículo 6º de la Constitución no sea letra muerta. El derecho del público a saber no se agota con las conferencias de prensa, los boletines informativos y las declaraciones de funcionarios. Hay que recordar que ese conjunto de datos informativos únicamente expresa lo que, de modo discrecional, desea dar a conocer la autoridad pública. Se trata, en suma, de una perspectiva parcial e interesada de la vida colectiva, que responde únicamente a la visión que desea propagar quien detenta el control de la información. La otra cara de la moneda es entonces imprescindible para que el ciudadano pueda evaluar en su justa dimensión la marcha de los asuntos públicos. Es esa otra mirada, que atisba en aquellas cuestiones de interés público que no salen a la superficie, donde Proceso ha hecho un aporte capital para que el receptor pueda transitar de la condición de individuo a la de ciudadano.
El periodismo independiente en una sociedad democrática tiene como característica buscar más que el mero reflejo de la luz, irradiar la oscuridad en donde pervive la corrupción. Esa línea editorial ha podido articular Proceso en todos estos años, encarando las dificultades que ello ha supuesto, si se toman en cuenta las características del régimen jurídico de los medios de comunicación en México. Y es que se trata de un conjunto de normas jurídicas impermeable a todo signo de apertura, transparencia y equidad que maximiza las posibilidades del periodismo progubernamental y minimiza el ejercicio de un periodismo íntegro. Existen por supuesto elementos que brindan sustento a esta afirmación: Primero, los recursos públicos destinados a la comunicación social son manejados en forma patrimonial por las autoridades, en estricto apego a la ley, circunstancia que condiciona de muchas maneras el suministro publicitario. Segunda, la falta de reglamentación del artículo 6º constitucional hace que obtener información de interés público sea una verdadera odisea periodística.
Es justo decir también que tanto en el presente como en el pasado las bondades sociales de ejercer un periodismo sin compromisos con los poderes públicos o privados han sido reconocidas. Basten tan sólo tres ejemplos de ello. Ya en el siglo pasado John Stuart Mill afirmaba que: "Revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que hasta entonces ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto vital para sus intereses temporales o espirituales, es el mayor servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes"(Sobre la libertad. Alianza Editorial.). A principios de esta centuria Joseph Pulitzer no dejaba lugar a dudas sobre el sentido que debe tener el periodismo: "Somos democracia, y sólo existe un medio para poner en pie la democracia en cuanto a su conducta individual, social, municipal, estatal y nacional, y ese medio es mantener al público informado de lo que sucede. No hay delito, no hay negocio, no hay ardid, no hay estafa y no hay corrupción que no perdure en el secreto". (An Adventure with a genius: recolections of Joseph Pulitzer). Y ahora hace apenas algunos años el informe MacBride ha sostenido que: "El periodista inquisitivo debe examinar las acciones de quienes tienen el poder y exponer todos los abusos o incompetencias. Su derecho a investigar la mala administración y la corrupción burocráticas tiene una importancia particular porque es una de las pocas formas en que puede asegurarse que la ineficiencia y la deshonestidad no contaminen todo un sistema". (Un solo mundo voces múltiples. FCE).
Después de 23 años de vida Proceso ha logrado adquirir credibilidad de cara a la sociedad y frente a los poderes públicos y privados. La credibilidad de Proceso se ha construido sobre dos bases: a) Por su independencia editorial, y b) Por la honorabilidad de quienes encarnan el proyecto periodístico. Las diferencias de percepción y de criterio en la dirección de Proceso que se han resuelto con la salida de dos de sus principales directivos son precisamente eso: diferencias de percepción y de criterio. Por ello mismo atienden a la forma, a los aspectos instrumentales, pero no cuestionan - hasta donde se sabe- el fondo del proyecto periodístico. Al analizar este conflicto se ha dejado de lado un hecho que por ser verdad no deja de ser esencial: Tanto quienes han salido de la revista como quienes han permanecido en ella tienen en común una impronta de honestidad y reconocimiento social.
No es un patrimonio adquirible a la vuelta de la esquina en el ámbito periodístico tan proclive a negociar con el poder. Y es que es de dominio público que ninguno de los directivos de Proceso (de los seis primero y de los tres después) ha sido jefe de prensa informal de líderes obreros o campesinos, asesor de candidatos o dirigentes partidistas, beneficiario de concesiones gubernamentales, recipiendario de favores con cargo al erario público o comerciante de influencias en busca de un provecho personal. Ese ha sido (sigue siendo) el capital moral de Proceso que le distingue frente a propios y extraños.
De cualquier forma, el procedimiento observado para la asunción de una nueva dirección unipersonal en Proceso - con independencia de que se haya hecho en el marco de las atribuciones que la ley otorga a los consejos de administración de las sociedades anónima- ha derivado en una crisis que no debe desdeñarse. Crisis significa oportunidad y cambio. Oportunidad para proseguir en el acierto; cambio, para rectificar en el error. El acierto está en el fondo de lo que es Proceso: ejercicio periodístico independiente al servicio único del lector. Los errores se encuentran, por tanto, en las formas de ofrecer información y opinión. También, en la notable ausencia de un entreveramiento generacional de temas y personas. La viabilidad de la revista dependerá, por un lado, de la suma de voluntades que pueda concitar la dirección en torno al espíritu que anima a Proceso; y, por otro, de la sensibilidad para actuar frente a los designios del mercado editorial. El reto no es menor, pero tampoco, por supuesto, imposible. Apostar por la continuidad del proyecto es votar a favor de la diversidad de puntos de vista, peculiaridad que hace libre a la sociedad y le habilita para el diálogo y el debate informado. No habría que regatearle por ello un voto de confianza al nuevo director en esta sinuosa tarea.

@evillanuevamx

No saben que no saben

No saben que no saben

Ernesto Villanueva

Artículo publicado originalmente en la Revista Proceso en su edición número 1992

En los últimos meses la sociedad mexicana ha asistido estupefacta a la puesta en escena de múltiples muestras de actos de corrupción, de conflictos de interés, de impunidad y, en el mejor de los casos, de actos políticamente incorrectos. A primera vista parece cinismo, pero cada me parece que lo que sucede es peor. Veamos.
Primero. El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, define el vocablo “cinismo” como: “Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables.” En otras palabras supone el conocimiento de una práctica incorrecta y a pesar del conocimiento de causa lo lleva a cabo. Históricamente el umbral de tolerancia de la sociedad era alto porque existía la percepción de que nada se podía hacer. No había ejemplos de éxito que generaran incentivos para la protesta social o la denuncia pública de largo aliento. No es que la sociedad sepa todo, pero sí había (hay) esa percepción de que “algo huele mal” y hay una sensación de abuso, injusticia en las que no está de acuerdo, les irrita, les molesta. De entrada, la ira acumulada por muchos años ha hecho que la clase política sin importar signo político esté estigmatizada y el principio de presunción de inocencia se modifique 180 grados  y ahora todo político es culpable de corrupción hasta que demuestre lo contrario. Abundan los ejemplos de ello: a) el secuestro de un diputado en Guerrero; b) la privación de la libertad de otro legislador en el mismo estado; c) El ejercicio de la justicia por propia mano en Michoacán con las autodefensas y d) El llamado de varios actores mexicanos a que la comunidad internacional suspenda todo acuerdo o tratado con México y a gobernarnos nosotros mismos sin la presencia gubernamental, porque acaso genera más problemas de los que resuelve.   
Segundo. En este explosivo contexto social,  políticos regalan cuantiosos regalos a sus hijos o se regodean de lujosos viajes al extranjero o de plano aceptan y utilizan camionetas blindadas de proveedores. Estoy convencido que, en principio, estos personajes no saben que lo que hacen está mal. No saben que no saben. Hasta que el conflicto derivado de su actuar explota en manifestaciones públicas se enteran tardíamente de que su conducta era ilegal o, al menos, inapropiada. Esto es más grave que el cinismo porque: a) Pone de relieve que en la cultura política está arraigada la corrupción y la impunidad como atributos del poder y, por tanto, es algo “normal”, de lo que no hay que sentirse mal en modo alguno, razón por la cual lo comparten, lo exhibe y se enorgullecen de que lo pueden hacer, acaso como si se tratara de una revista de sociales donde hombres y mujeres muestran lo que pueden comprar con su patrimonio; b) Muestra que es necesario socializar en la clase política lo que es correcto y aquello que no lo es. Es como, por ejemplo, si en conciencia un político no aceptara un no como respuesta y abusara de una mujer o un hombre, sin ningún ápice de remordimiento y c) Refleja la elasticidad del marco interno de ética pública y personal de un porcentaje no menor de políticos que están seguros que ejercer el poder constituye un seguro contra toda arbitrariedad que no es percibida como tal por un gran porcentaje de los políticos, sino como un reflejo de que el poder es un ejercicio patrimonial y no una labor que se explica sólo y sólo sí  por la confianza ciudadana, que día con día está sujeto al escrutinio público.
Tercero. El cínico sabe que lo que hace está mal, pero lo sigue haciendo, porque cree que puede hacerlo sin consecuencias negativas o porque confía en que a él no le va a pasar nada. El que no sabe que no sabe ni siquiera alcanza a distinguir que lo que hace está mal,  hasta que la indignación popular le estalla en las manos y el conocimiento de lo correcto e incorrecto le cae de pronto encima. El gran problema es que esto pasa de la cúspide a la base del ejercicio del poder, de la política y de quienes hacen negocios con quienes tienen el poder. Se trata de un caso sistémico. En algunos casos, la corrupción se ha legalizado como, por ejemplo, en los casos siguientes de manera enunciativa: a) Los gastos de representación, que en Suecia están estrictamente prohibidos; b) La creación de acuerdos especiales de pensiones especiales donde bastan meses incluso de trabajo para ser beneficiario de esos privilegios y, además,  con cifras estratosféricas, que rompen con la estructura de las leyes aplicables a la sociedad, como las del ISSSTE o las del IMSS y c) La aceptación de créditos a tasas simbólicas por constructoras y no por entidades financieras autorizadas para tal efecto, sin que ese acto genere al menos una duda o sospecha en los beneficiarios, o al menos en buena parte de ellos. La gravedad de las acciones del  que no sabe que no sabe es permanente, transversal hasta que se le ponga un alto. El cínico tiene la capacidad de discernir que lo que hace está mal y puede interpretar cuando matizar o eliminar transitoriamente sus acciones. La importancia de la sociedad y los medios es vital para que este escenario no se siga repitiendo hasta el infinito.
@evillanuevamx

19 de dic. de 2014

EPN: diez ofensas a la inteligencia

Ernesto Villanueva
Artículo publicado orignalmente en Proceso el 6 de diciembre del 2014

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Como bien afirma Tácito, “cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes”. Aquí, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) pone de relieve este proverbio clásico, pues las 10 medidas que anunció en días pasados son un claro ejemplo de simulación, retórica y afectación del estado de derecho. Existen elementos para afirmar lo anterior. Veamos.
Primero. La propuesta inicial, consistente en una iniciativa de “ley contra la infiltración del crimen organizado en las entidades municipales”, es, de entrada, una respuesta retórica por la coyuntura de Ayotzinapa. Si por cada tragedia se hace una nueva ley como instrumento de seguridad psicológica, habrá una hiperinflación legislativa. Además, se quiere hacer pensar que el narcotráfico sólo se incuba en los municipios y no en los estados, en la Federación y en toda instancia pública y privada. De igual forma, esa ocurrencia presidencial ignora que el municipio es el primero y más importante organismo constitucional autónomo, de acuerdo con el artículo 115 constitucional. Por esta razón, la propuesta de EPN es un absurdo ya que no basta una ley, sino una reforma constitucional, que además debería discutirse con una visión de gran calado.
Segundo. EPN preconiza “refinar con precisión y claridad las competencias de cada autoridad en el combate al delito”. No se sabe a ciencia cierta qué quiso decir. Pero basta leer lo dispuesto en el artículo 124 constitucional, que a la letra dice: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. De esta suerte, dicha “refinación” únicamente podría hacerse con una reforma de los principios cardinales de la Constitución federal, lo que dejaría sin efecto el federalismo, que constitucionalmente está protegido.
Tercero. EPN busca la creación de 32 policías estatales únicas. Esta iniciativa tiene dos grandes inconvenientes: a) Se parte de que los “malos” son los policías municipales, y de que los estatales y federales son buenos y puros, cuando todos sabemos que no es así. La corrupción y el crimen organizado están infiltrados en todos los niveles de gobierno en mayor o menor medida, y b) Esa idea reclama forzosamente reformar también la Constitución federal, pues de manera clara el artículo 115, fracción III, numeral h), dispone que el municipio tendrá a su cargo la “seguridad pública”, y el artículo 21 establece en su párrafo octavo que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios”. En una muestra de ignorancia, EPN dice además que “la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”. Sin comentarios.
Cuarto. EPN anuncia un teléfono único de emergencias, el 911, engañando a la sociedad, por las siguientes razones: a) Porque EPN miente con una propuesta que se entiende innovadora y no lo es porque ya desde el 14 julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 190, numeral IX, establece la obligatoriedad de un número único de emergencias, que ahora viene trabajando el Ifetel como el 066 y no como el 911 que erróneamente mencionó EPN pensando en el 911 de Estados Unidos.
Quinto. Propone EPN crear la clave única de identidad que, supongo, se refiere al número de seguridad social estadunidense y no a la cédula de identidad, que fue toda una polémica el sexenio pasado. En un país como México, donde la honestidad es la excepción, esta medida me parece intrusiva. No por nada el artículo 35, numeral 5, de la Constitución de Portugal, dispone que: “Se prohíbe la atribución a los ciudadanos de un número nacional único”.
Sexto. EPN anuncia que el gabinete de seguridad realizará un operativo especial en la zona de Tierra Caliente. Desde que entró Felipe Calderón se han realizado operativos especiales en Michoacán que han continuado con un inconstitucional delegado federal en la entidad, aunque las cosas siguen igual, aparte de que al respecto no hay nada que no se haya dicho antes.
Séptimo. EPN prevé “acciones para hacer efectivo el derecho a la justicia”. Lo único que se requiere es cumplir con la ley, y eso no es una concesión graciosa de EPN, sino su obligación principal.
Octavo. EPN propone medidas para fortalecer los derechos humanos. Sobre el tema, ya todo o casi todo está dicho; lo que falta, igual que en el párrafo anterior, es observar puntualmente el mandato de la ley.
Noveno. EPN clama de nueva cuenta por el combate a la corrupción. Por favor, debería empezar con él mismo, su esposa y sus socios. Es verdaderamente cínica esa propuesta autoincriminatoria.
Décimo. EPN recomienda la “rendición de cuentas”. Esta medida, que es loable y está vinculada con la anterior, no puede prosperar por el diseño institucional del país, por el amplísimo germen de la corrupción en la clase política y por la ausencia en la educación de una nueva generación de valores de ética pública que hoy no aparecen en los libros de texto gratuitos. Peor tantito, buena parte de los profesores son parte del problema y no de la solución.
Por todo lo anterior, veremos que estas ocurrencias serán sólo eso, dejando de atender con seriedad y con verdaderas soluciones los grandes problemas del país, las cuales no podrán esperarse de EPN porque él forma parte de lo que se debe cambiar. Como diría Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo: “Nadie va contra su propio interés”, y EPN no será la excepción. Sólo la participación del pueblo podrá cambiar el estado de cosas. Nada más.
ernestovillanueva@hushmail.com
@evillanuevamx
www.ernestovllanueva.blogspot.com

Manifestación: alcances y líimites

El mundo al revés
Manifestación: alcances y límites
Ernesto Villanueva

Columna publicada originalmente en Noroeste el 15 de diciembre de 2014

En estos días el personal de Hospital Pediátrico de Culiacán (trabajadores, enfermeras y médicos) ha salido a la calle para reclamar lo que, a su juicio, son derechos laborales afectados. El gobernador Malova amenaza hasta ahora con cumplir la ley a rajatabla porque afectan el orden público. ¿Quién tiene la razón?. Veamos.
Primero. Es verdad que los derechos humanos no son absolutos; antes bien, tienen límites que generalmente se encuentran en la posibilidad de que los demás puedan ejercer los mismos derechos. Ello requiere de un análisis integral y sistemático del orden jurídico. No se puede hacer en estos casos una interpretación literal por su ingrediente social y por la abundante jurisprudencia nacional y especialmente internacional a que México se ha obligado a cumplir. De entrada, se tiene en juego el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión previstos en los artículos 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos dos derechos humanos deben ser interpretados a la luz de lo dispuesto en el artículo 1º, párrafo segundo, que a la letra dice: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” ¿Qué significa que se debe favorecer “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”? Que a quienes hacen usos de derechos humanos, como los previstos en el artículo 6º y 9º, libertad de expresión y derecho de reunión, los puedan ejercer efectivamente. Se aplica un estándar protectivo de los derechos humanos. De estos dos derechos humanos hay una derivación reconocida ´por los instrumentos de derechos humanos reconocidos por México: el derecho a la oposición o a la protesta social, que supone el descontento de un colectivo con la acción u omisión de una autoridad que expresa de manera pública para exhibir su proceder.  
Segundo. En efecto, la movilización de protesta social encuentra protección en distintos casos y resoluciones de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no tienen desperdicio a propósito de que por primera vez un grupo de sinaloenses sale a la calle a exigir sus derechos. De entrada, hay que considerar que la protesta social no es un punto de partida, sino un puerto de llegada, donde en esos dos puntos hay todo un proceso de peticiones, negociaciones, promesas incumplidas hasta que se rompe la cuerda del diálogo intramuros. El artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una excepción al ejercicio de la libertad de expresión que ejerce el personal del Hospital Pediátrico de Culiacán: a) El orden público.. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “una acepción posible del orden público dentro del marco de la Convención, hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.” (OC-5/85 numeral 64). Asimismo, la propia Corte ha dejado en claro que: “debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el " orden público " o el " bien común " como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las " justas exigencias " de " una sociedad democrática " que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención” (Op. Cit.numeral 67).
Tercero. Por otro lado, el derecho de manifestación o protesta social requiere para su ejercicio manifestarse públicamente en aquellos espacios en donde se puedan observar las reivindicaciones de sus derechos. Este caso aplica al personal del Hospital Pediátrico de Culiacán que se vería reducido en sus derechos si hubiera una zona alejada de la ciudad para manifestaciones y protestas sociales que dejarían vacío de contenido este derecho porque nadie o muy pocos escucharían el contenido de su mensaje. La criminalización del derecho de reunión que promueve el gobernador Malova demuestra un rasgo autoritario y una ignorancia explícita del sistema jurídico internacional que se ha internalizado a partir de la reforma del artículo 1º de la Constitución Federal. Para enfrentar esta ocurrencia malovista debe recordarse que,  como lo establece el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos así como el 15 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que forman parte viva del régimen jurídico mexicano, la restricción del derecho de reunión sólo puede llevarse a cabo siempre y cuando: a) exista una ley al efecto. La Corte Interamericana ha establecido que: “no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30 [de la Convención], como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual “los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”(Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, numeral 169). Y b) Sean necesarias en una sociedad democrática; es decir, de acuerdo a la Corte Interamericana que “estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. (…) (Caso Claude Reyes vs Chile numeral 91). Además, el intento inconstitucional del gobernador Malova para limitar el derecho de manifestación, oposición, protesta o reunión debe observar el principio de responsabilidad penal individual, lo cual  significa de acuerdo al artículo 5.3 de la Convención Americana la pena no puede trascender a la persona individualmente determinada, razón por la cual se viola este principio judicial cuando se sanciona a alguien por el sólo hecho de pertenecer o formar parte de un movimiento o de una protesta social.
@evillanuevamx
ww.ernestovillanueva.blogspot.com


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