27/3/2014

Los verdaderos “medios públicos”


Publicado originalmente en el Semanario Proceso N°  1951 -20 de marzo  de 2014-. 
En este periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que termina el próximo 30 de abril, se esperan muchas leyes secundarias y nombramientos derivados de las reformas constitucionales. Una de ellas, de central importancia, es la de telecomunicaciones, donde se incluirá al fin la figura de los medios públicos, los que jurídicamente nunca han existido. Los retos para esta figura no son pocos por las inercias y resistencias de muchos años. Veamos.
Primero. De manera desafortunada, desde el gobierno de Vicente Fox el acuerdo anual de publicidad que emite la Secretaría de Gobernación –la cual desarrolla el mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación en la materia– se tuvo la ocurrencia de definir a los “medios públicos” como medios del gobierno. Craso error. Eso efectivamente es lo que ha pasado en México, pero no lo que debería ser conforme a las mejores prácticas internacionales.
Vemos medios “públicos” que son instrumentos de propaganda de los gobernadores y alérgicos a toda expresión plural y crítica. De facto, en el ámbito federal hay dos medios que si bien legalmente no son públicos funcionan como tales: Canal 22 y Radio Educación, porque ha habido en el primer caso voluntad política de mantener al equipo que le ha dado pluralidad y diversidad, y el segundo por el empoderamiento de los trabajadores y la sensibilidad de sus directivos. Pero salvo esas excepciones y algunas otras que puedan existir en algunas entidades federativas, la realidad apunta en sentido contrario a lo que debería ser un medio público. De ahí la oportunidad de aprovechar la ley secundaria para ahora sí dar vida a medios públicos a imagen y semejanza de un Estado democrático de derecho.
Segundo. Para la UNESCO, los rasgos distintivos de los medios públicos son: a) Universalidad: Los medios públicos deben ser accesibles a cada uno de los ciudadanos a través del país (…) esto obliga a los medios públicos a dirigirse a la población entera y buscar ser vistos por el mayor número posible; b) Diversidad: Los servicios ofrecidos (…) deben diversificarse por lo menos de tres formas: por el género de los programas ofrecidos, por el grupo objetivo de audiencias y por los temas de coyuntura o interés. Los medios públicos deben reflejar la diversidad de los intereses del público ofreciendo diversos tipos de programación, desde noticieros a programas ligeros. Algunos programas van dirigidos a una parte de la población, cuyas expectativas son variadas (…) la diversidad y universalidad son complementarias en la producción de programas; c) Independencia: Los medios públicos deben ser un foro en el que las ideas se expresen libremente y donde la información, la opinión y la crítica circulen. Esto es posible si el medio público es independiente, de forma que se permita la libertad del medio público a oponerse contra la influencia comercial o política; y d) Distinción: Los servicios ofrecidos (…) deben distinguirse de aquellos que ofrecen la radio y televisión comerciales. En la programación el público debe identificar las diferencias (…) se trata de hacer cosas diferentes sin excluir ningún género. Este principio debe conducir a los medios públicos a innovar y experimentar, a crear nuevos temas y nuevos géneros y a fijar el paso en el mundo audiovisual. (WRTVC, Public Broadcasting: How? Why?, Paris, UNESCO, 2001. La traducción es nuestra.)
Tercero. Algunas pistas atendibles vienen ya en la reforma constitucional de telecomunicaciones. Particularmente, lo es el artículo décimo transitorio: “Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.
Por supuesto, hay que estar pendientes de que los medios públicos tengan acceso a la publicidad comercial y/o presupuestos para que puedan salir de la marginalidad. Los que están en la Ciudad de México que tienen una cobertura nacional deben por ley formar parte de la programación de las empresas que prestan el servicio de televisión para suscriptores como una opción más. Si se opta por reproducir sólo los contenidos, la publicidad de las televisoras locales no debe afectar la continuidad de la programación. El derecho de réplica debe ser para todos los medios audiovisuales y no sólo para los públicos –de hecho lo tienen, además del Canal 22 y Radio Educación, el Canal 11 y el IMER, en sus códigos de ética, que funcionan razonablemente–. Los medios públicos no son la solución a la deformación de los gustos de nuestras audiencias, pero sí pueden contribuir a hacer de lo importante algo interesante.

11/3/2014

Una reforma insuficiente

Publicado originalmente en el Semanario Proceso N° 1949 -10 de marzo  de 2014-. 
El 7 de febrero pasado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública. No fue la mejor posible. Advertí desde siempre que había varios huecos. Hoy, sin embargo, se trata de un acto consumado y hay que estar alertas con la legislación secundaria para evitar regresiones. Dice el adagio, con razón, que el diablo está en los detalles. Veamos.
Primero. De acuerdo con el artículo segundo transitorio, el Congreso tendrá un año –contado a partir del 8 de febrero último– para aprobar la ley general, que impactará las constituciones y leyes locales de transparencia, con lo que se consumará una victoria del centralismo sobre el federalismo. De ahí, por tanto, la pertinencia de que se elabore una buena ley con lo que se tiene. Además del hecho plausible de que se incrementó el número de sujetos obligados, se desdibujó el principio de definitividad del órgano garante constitucional al introducir dos hipótesis normativas que suelen denominarse conceptos jurídicos indeterminados por la amplitud de su interpretación. En efecto, se trata de los vocablos “interés público” y “seguridad nacional”. Bajo estos rubros cualquier cosa puede caber. El reto en la legislación secundaria es acotar al máximo las definiciones de estas dos palabras para evitar que la excepción sea la regla. Hoy, por ejemplo, la “seguridad nacional” en la Ley de Seguridad Nacional está definida de manera tan laxa que no ayuda para que sea una referencia. Existen, empero, varios documentos producidos por expertos derivados de encuentros internacionales como los principios de ­Johannesburgo, tan sólo por citar un ejemplo. A menor amplitud de los conceptos anteriores, mayores candados tendrá el gobierno en beneficio de los gobernantes.
Segundo. Con la reforma se ha introducido la posibilidad de que el consejero jurídico de la Presidencia de la República pueda impugnar las resoluciones del órgano garante de la transparencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada dice la reforma sobre los tiempos en los que la SCJN debe resolver el recurso del consejero jurídico. Para honrar el principio de disponibilidad y de acceso a la información del artículo 6º constitucional se debe establecer un proceso sumarísimo con términos fatales para evitar que ese recurso se resuelva “cuando haya tiempo” en perjuicio de los gobernados, además de introducir los mecanismos legales necesarios para que los solicitantes de la información puedan ser oídos por la SCJN bajo el principio de amigabilidad del derecho de acceso a la información que tutela el artículo 6º. La ley general por venir deberá entonces crear en un apartado el procedimiento para regular este recurso con rapidez y sencillez. El precepto de que en la ley debe prevalecer el principio de máxima publicidad deberá ayudar a traducir en norma esa feliz expresión para que no quede sólo como un enunciado retórico.
Tercero. El nuevo artículo 6° de la Constitución, en su apartado A fracción VII establece la atribución del nuevo órgano garante en el sentido de conocer acerca de las resoluciones de los órganos garantes locales que sean negativas para los solicitantes de información, lo que en principio es correcto tomando en cuenta cómo están ahora las cosas. El párrafo quinto de la fracción citada, empero, deja una frase que puede tener muchas interpretaciones: “El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del Estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten”. Esta expresión deja de entrada la posibilidad de que una resolución de un órgano garante que obligue al gobierno estatal o del DF a informar pueda ser conocida por el órgano garante federal “por su interés y trascendencia”, lo que sería contrario al modelo original del acceso a la información, que prioriza el principio de máxima publicidad y la amigabilidad del acceso. Por esta razón se tendrá que regular con mucho cuidado el alcance de este enunciado normativo. Finalmente, el asunto de l@s comisionad@s debe analizarse con la debida prudencia para garantizar, dentro de lo humanamente posible, su imparcialidad y conocimiento del tema, dando prioridad al interés de la sociedad antes que al de los partidos que l@s propongan. Por las experiencias locales y federales sé que de aquellos que se espera todo se obtiene nada y viceversa. De ahí que los modelos de acceso al cargo a nivel federal y local en México se encuentran rebasados, y no estaría mal que se introdujeran en la ley general los exámenes de control de confianza por entidades independientes y formularios adecuados como se acostumbra para ingresar a las fuerzas del orden y de seguridad nacional. Tampoco está medida cuál será la solución ideal, pero se tendría un elemento adicional que las malas experiencias local y federal en la materia ahora aconsejan. Dentro de todo, los transitorios de la reforma constitucional dan tiempos adecuados para que se lleven a cabo todos sus mandatos previstos sin prisas y con el rigor necesario que este reto demanda.

26/2/2014

Réplica y contraréplica de la UAM al articulo “Profesionales sin cédula" publicado en Proceso No.1946






                                                                              

26 de febrero del 2014

Sobre la carta de la UAM quiero hacer las siguientes precisiones: a) Le recuerdo que el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia establece en su último párrafo que la información debe “publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.” La falta de veracidad de la UAM en la publicación de datos públicos, que es una obligación legal, conduce a error, de ahí que, por ejemplo porque hay otros casos iguales, la QFB Patricia Elena Aceves Pastrana no aparece idénticamente así en el directorio institucional de la UAM lo que provoca que al buscar el nombre como la identifica la UAM no aparezca en el Registro Nacional de Profesionistas y su cédula que aparece en el Registro citado tiene un cero inicial. Como la UAM no publica el nombre como aparece en el acta de nacimiento de sus académicos ni sus cédulas profesionales al lado como debiera ser como obligación legal, sino lo hace sólo ahora que hay un señalamiento lo que hace es conducir al error al ciudadano en el caso de aquellos profesores que por ley deben contar con la cédula respectiva; b) Adjunto copia de las páginas del Registro Nacional de Profesionistas consultada el 20 de febrero del 2014 a las 10: 30 pm en donde compruebo que las siguientes personas no aparecen como profesionistas u utilizando la información que por ley debe ofrecer la UAM: Edmundo Ducoin Chao, Guadalupe Miranda Arce, Miriam Beltrán Conde, Irene Barriga Sosa, Jorge Joel Reyes Méndez, Karina Sánchez Herrera, quien aparece como “técnico en contabilidad”, Leticia Arregui Mena, María Eugenia Rodríguez Herrera, quien tiene una homonimia y aparece en ambos casos como “profesor de educación preescolar”, Joaquín Augusto Toussaint Manríquez y Virginia Eustolia Melo Ruiz; c) Sobre la afirmación de la UAM de que el C. Zepeda Zepeda Marco Antonio no requiere cédula, adjunto copia de cédula profesional de Licenciado en Física de un investigador de la UNAM para probar que la SEP sí expide cédulas de Licenciado en Física; d) Sobre la C. Altagracia Martínez Marina, quien realizó sus estudios en Kiev, el artículo 17 de la Ley General de Profesiones no les exime de cumplir con las obligaciones de los obtenidos en el país. En efecto, el citado artículo a la letra dice: “Los títulos expedidos en el extranjero serán registrados por la Secretaría de Educación Pública, siempre que los estudios que comprenda el título profesional, sean iguales o similares a los que se impartan en instituciones que formen parte del sistema educativo nacional. En los casos en que resulte imposible establecer la igualdad o similitud de estudios en la forma prevista en los términos del párrafo anterior, se establecerá un sistema de equivalencia de estudios, sometiendo, en su caso, a los interesados a pruebas o exámenes, para la comprobación de sus conocimientos”.
Tenga por seguro el lector que lo que publico como información es veraz y si no lo es acepto mis errores, siguiendo los cánones de la ética periodística. Insisto, como en otras ocasiones, que la UAM y todos los sujetos obligados a informar publiquen la cédula profesional al lado del nombre y apellido de quien se ostente como profesionista por razones de transparencia y de tranquilidad para la sociedad en sus portales institucionales.

Atentamente
Ernesto Villanueva         

Nota: Este comunicado fue enviado como carta de réplica a Proceso en un tono más respetuoso y sintético. No obstante, contiene en buena medida el mismo contenido, razón por la cual y por la difusión pública que ha hecho la UAM, publico también mi contrarréplica. Ambas debieron salir publicadas el domingo 23 de febrero pasado. Por causas de espacio eso no fue posible, pero con toda seguridad estas cartas aparecerán en la página del lector de la edición siguiente de Proceso. 

A continuación se adjuntan las búsquedas utilizando la información "veraz, oportuna y confiable" que el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia obliga a la UAM a tener en su portal de transparencia. 





























17/2/2014

México, tierra de nadie


Publicada originalmente en el Semanario Proceso N° 1946 -9 de febrero  de 2014-. 
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ya no sólo es un rumor, argumento de algunos partidos de oposición o reflexión académica: México se erosiona como Estado, no hay derecho y poco a poco el país se ha vuelto tierra de nadie. Algo hace poco inimaginable hoy es una realidad que se manifiesta por doquier. Veamos.
Primero. Hoy en día el estado de derecho no ha podido potenciar su justificación social de garante de la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos en sociedad, que es una de sus funciones esenciales –al respecto hay consenso en las más distintas teorías contractualistas del Estado–. Tampoco ha logrado asegurar un razonable monopolio del uso de la fuerza, lo que distingue el Estado de naturaleza en Hobbes del Estado contractualista racional de Kant que ha llegado a nuestra época en su esencia, por citar sólo dos ejemplos clásicos. La cultura del miedo en porciones cada vez más amplias de la comunidad está generando, por un lado, inquietud y desencanto colectivo sobre el futuro y, por otro, tensión con algunos de los valores y los principios que habían sido aceptados socialmente durante mucho tiempo. La posesión y uso de las armas de fuego que constituye un derecho humano previsto en el artículo 10 constitucional y desarrollado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos –que hasta hace muy poco tiempo era un derecho humano estigmatizado– hoy transita en los hechos a una justificación política parcial sin ningún tipo de sustento. Las denominadas “autodefensas” que han nacido y se han expandido en Michoacán, Guerrero y otras entidades son claro ejemplo de lo que afirmo. A nivel mediático sucede lo que Perelman y Olbrechts-Tyteca sostienen, que “las ideas admitidas con más frecuencia permanecen implícitas y sin formular durante mucho tiempo pues, en la mayoría de los casos, sólo con motivo de un desacuerdo en cuanto a las consecuencias resultantes se plantea el problema de su formulación o de su determinación más precisa” (Tratado de la argumentación, Madrid, Gredos, 1989, p. 769).
Segundo. Si una normatividad es rígida y compleja es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; pero eso es lo de menos cuando el valor de la opinión pública decide qué es correcto y qué no lo es. En efecto, en la Encuesta Telefónica sobre la Confianza en Instituciones, realizada por la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se reveló que a 49% de los encuestados la policía no les inspira nada de confianza, a 23% poca confianza, a 14% algo de confianza y 5% expresó que no le inspira nada de confianza. La policía quedó por encima únicamente de sindicatos y partidos políticos. Los mexicanos presentamos una desconfianza hacia muchas de nuestras instituciones, ya que la confianza inspirada por vecinos fue mayor a la que infunden la mayoría de las instituciones (Cámara de Diputados y Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Encuesta Telefónica sobre la Confianza en Instituciones, 10 y 11 de agosto de 2012). Este cambio paulatino de valores sociales apunta a que el uso de armas de fuego puede ser aceptado y exaltado en algunos casos, pero paradójicamente no para quienes cumplen estrictamente con la ley como los deportistas, los tiradores, los cazadores. Ahí no. Se aplica todo el peso de la ley para que tengan el mayor número de dificultades a pesar de cumplir la ley. En efecto, según datos de la Sedena en Michoacán sólo se encuentran vigentes 26 permisos de portación de armas de fuego no exclusivas para el Ejército. Por otro lado, el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que las armas expresamente clasificadas como de uso exclusivo del ejército son, entre otras, revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 especial; pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares; las .38 Súper y Comando y las de calibres superiores; fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30 en todos sus modelos, así como pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres, entre muchas otras.
Tercero. Las “autodefensas” son grupos al margen de la ley –“paramilitares” les llaman en Colombia, de donde importamos el modelo– que generan muchas preguntas y casi ninguna respuesta: ¿Por qué si las “autodefensas” violan flagrantemente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al utilizar armas de uso exclusivo del Ejército –que es un delito agravado– la autoridad competente no dice nada? ¿Por qué las autoridades federales no sólo no aplican las sanciones que establece la ley, sino les prestan todo tipo de ayuda como la recibida por el líder de las “autodefensas” de Michoacán, a quien en el mundo del absurdo hasta escoltas federales para su seguridad le asignaron? ¿Dónde obtienen las “autodefensas” las armas de uso de fuego de uso exclusivo del Ejército y dónde se entrenan si son “honestos y tranquilos ciudadanos”? ¿En qué momento y bajo qué fundamento legal se ha perdido el monopolio de la violencia que sólo debe ejercer el Estado? Todavía peor: ¿cómo se justifica la intromisión en los estados con los “comisionados del gobierno federal”, una especie de virreyes que hacen que los gobernadores sean sólo figuras decorativas, como Fausto Vallejo en Michoacán? ¿No será que la estrategia del gobierno federal es establecer un doble frente inconstitucional, uno en el marco de la ley (Marina, Ejército, policías) y otro sin ningún límite, como las “autodefensas”?

Evillanueva99@yahoo.com
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12/2/2014

El mundo al revés: UdeO opacidad docente


Publicado en el Periódico Noroeste el Lunes 10 de enero de 2014.

La Universidad de Occidente, "La Gran Universidad", logo con un sentido cáustico, es todo menos, una "gran universidad", como le he ido probando en mis más recientes columnas.

¿Por qué detenerse "tanto tiempo" en la UdeO? Porque se supone que es la inteligencia del estado que con recursos públicos debiera incidir en la toma pública de decisiones teniendo al gobernado como su eje de referencia. Ello, por desgracia, no es así. He dado argumentos de ello. Ahora apunto algunos más. Veamos.
Primero. Uno de los valores más importantes de toda universidad es su capital humano, particularmente su personal académico. Al consultar este dato en la UdeO prácticamente no se puede acceder a nada.

Cabe mencionar que es práctica general que en cada facultad, escuela o departamento de una universidad o centro de estudios superiores, se encuentre lo más detallada posible la lista de sus profesor@s y/o investigador@s. Más aún, las leyes de acceso lo establecen como una obligación de información de oficio.
En el caso de Sinaloa, el artículo 9 de la Ley de Acceso dispone que: "Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto la siguiente información: I. Toda entidad pública: n) Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el acceso a la información".

Incluso, aunque no haya obligación alguna, las universidades públicas y privadas ponen en conocimiento de todos la identidad de su personal académico por tres razones: a) Porque el nivel de una universidad en los ránkings internacionales tiene como uno de sus parámetros de referencia el perfil académico, sus prendas nacionales e internacionales y su experiencia en el campo de su especialidad; b) Porque le permite saber a los padres de familia y a sus hijos que pretenden estudiar, por ejemplo, en la UdeO quiénes son sus profesor@s, con qué educación cuentan y qué obras, premios nacionales o internacionales tienen en su haber (es curioso que la UdeO promueva sus carreras, pero oculte la identidad de su planta académica), y c) Porque permite la sana competencia entre pares generando un círculo virtuoso que pondera la calidad.

Segundo. Lo que no hace la UdeO sí lo hacen, como ya lo expresé, universidades alrededor del mundo. Así, por ejemplo, la prestigiada Universidad de Princeton, en Estados Unidos, tienen interés en difundir los detalles más amplios de su núcleo académico. Véase como ejemplo el de la doctora Rexford (http://www.cs.princeton.edu/~jrex/resume.pdf). O el del doctor Vincent del Imperial College London (https://www.imperial.ac.uk/aeronautics/research/vincentlab/cv/cv.pdf).

En México, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tiene a la vista a todos sus investigador@s, lo propio hacen los demás institutos, escuelas y facultades (http://www.iis.unam.mx/indexcontent.php?_module=22&a82c2454322b64c506e53a2b23a772d9&2a3b56f83608ded2d4b5710cd4f440ca&b6ec740bc044e5297f46ba20c4ca36de&49f6a572ad24f68b9fec5fc38d8127de&755594c6141088b58ee39ea2f1346b01).

La UdeO sólo pone a disposición del público la planta docente de los que considera sus mejores programas. La joya de la corona es el Doctorado en Ciencias Administrativas compuesta por 11 investigador@s, de los cuales dos carecen de registro de cédula profesional de licenciatura en el Registro Nacional de Profesionistas y sus niveles en el principal ránking nacional de calidad de investigador@s del País, el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, son muy bajos.
El SNI tiene cuatro niveles: a) Candidato, b) Investigador nacional nivel I, c) Investigador nacional nivel II, y d) Investigador nacional nivel III, que es el más alto.

De los 11 investigador@s del principal programa académico de la UdeO, dos no forman parte del SNI, dos son candidatos, seis son nivel I y sólo uno es investigador nivel II. Y si éste es el mejor programa de la UdeO, quién sabe cómo estarán a nivel de licenciatura y maestría.

Lo único cierto es que con esos números la UdeO es casi imposible que figure en un ránking serio de calidad en perjuicio de l@s sinaloenses que pagan productos de baja calidad pudiendo obtener mejores al mismo costo, iniciando con los directivos: ¿de verdad no hay en Sinaloa nadie que tenga mayores prendas académicas que el señor Aarón Sánchez?

Tercero. Agradezco sus mensajes y correos. Todos, los positivos y los negativos. Bienvenidas la libertad de expresión y las diferencias de percepción y de criterio. La retroalimentación enriquece y permite poner en el radar temas que por una u otra razón estaban fuera de mi zona de interés.

Casi todos los mensajes y correos son propuestas de casos susceptibles de investigación por presuntos casos de corrupción. Lo que en este espacio afirmo no es, como usted lo ha podido ver, la palabra obsecuente con el poder. Esa sería la postura facilista, haciendo disparos al aire de propuestas o críticas en abstracto para no tocar ni con el pétalo de una coma, un punto o, peor aún, una palabra, los sensibles oídos de los gobernantes.

No pongo en saco roto sus inquietudes. Al contrario, están en la lista que hace que esta columna pueda cumplir su cometido: contribuir a la socialización de conocimiento y, eventualmente, a la formación de masa crítica para encarecer los costos de la corrupción, el ilícito y las malas críticas.

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